“No se consideran ayudas reales para empresas que deben cubrir los salarios de miles de trabajadores y que, finalmente, son las que mantienen en movimiento el comercio”, según su titular, Diego Daud.
En conversación con ÚH, el presidente del gremio indicó que en forma directa se trata de unas 40.000 personas, pero que en la cadena total de confección y textil están unas 200.000.
“No solicitamos refinanciamiento, sino reducción en gastos para no sentir la diferencia; no precisamente posponer las obligaciones, ya que luego nos caerá encima un aluvión de compromisos”, expresó.
Para la AICP, la ley citada habla de “medidas de racionalización de gastos”, pero no indica cuál es la meta; es decir, cuántos millones de dólares pretende reciclar con una política de racionalización de gastos.
deuda. La ley propone –según afirma Daud– un endeudamiento por valor de USD 1.600 millones, pero no explica cómo los pagará y cómo evitará que este compromiso recaiga sobre el ya deteriorado sector productivo, que mantiene la estructura del Estado con el pago de impuestos.
“En ese sentido, advertimos que no estaremos dispuestos a asumir un aumento de impuestos en los próximos años. Es el sector productivo el que exige medidas de salvataje ante la crisis; no puede ser este quien nuevamente se haga cargo de solventar todo el endeudamiento”, refiere.
En cuanto a exoneración de servicios públicos, solo tendrán impacto si se aplica en al menos un 50% del total de ambas tarifas y hasta final del 2020, según la AICP. Además, solo incluye a las mipymes, pero estas no tienen un consumo menor a G. 250.000 y la ley excluye a empresas grandes, las cuales son generadoras de empleo y que hoy se ven más afectadas, ya que muchas de ellas, por su naturaleza, no se pueden adaptar al teletrabajo, según el gremio.
