La Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay (AICP) lamentó y expresó ayer su preocupación por la resolución judicial de la causa Operativo Brillante, que deja un nefasto precedente en la lucha contra el contrabando.
En su comunicado recuerda que en dicho operativo fueron detenidos el ex titular del Detave, Gral. (SR) Ramón Benítez, junto con otras personas, luego de que haya sido comprobado que participaron en un esquema para favorecer la circulación de productos de contrabando.
Recientemente el caso tuvo un revés tras la decisión del Tribunal, integrado por los jueces Cristóbal Sánchez, Emiliano Rolón y Óscar Rodríguez Kennedy, quienes anularon un oficio dictado por el juez Penal de Garantías José Agustín Delmás, que elevaba el caso a juicio oral, así como la audiencia preliminar del 11 de mayo pasado.
El Tribunal también ordenó la exclusión, por ilegales, de las evidencias de apoyo a la acusación, entre ellas el informe final análisis/interpretación del Operativo Brillante, realizado en el 2019.
Este fallo judicial también es motivo de preocupación, debido a que el país está en este momento bajo examen del organismo Gafilat en torno a la prevención del lavado de dinero, que también es ligado al flagelo del contrabando.
“Desde la AICP instamos a los gremios pertinentes a intervenir, a fin de evitar la confirmación de dicha resolución entendiendo que la misma establece un nefasto precedente en la lucha contra el contrabando y la corrupción, premiando a las personas pilladas en flagrancia con impunidad”, expresa el comunicado de la AICP.
Agrega que, como gremio, “estamos expectantes de este caso y que en su momento significó un hito en la lucha contra estos flagelos que golpean de gran manera no solo a nuestro rubro, sino a varios sectores productivos y, finalmente, a todos los paraguayos”.
LIGEREZA. Por otra parte, el ministro de la Senac y ex fiscal, René Fernández, también consideró días atrás que la anulación del juicio oral del caso en cuestión fue argumentado con ligereza y falacidad, pese a las evidencias que se presentaron en el caso.
Ante la situación, el actual ministro y ex investigador consideró que le llama la atención la “liviandad y falacidad” de los argumentos del Tribunal, ya que todas las evidencias que se presentaron se realizaron con autorizaciones judiciales. Insistió en que la intervención fiscal de todo el caso se plasmó con base en autorización judicial.
Califican de arbitrario el dictamen del Tribunal
Un análisis de la Unidad Interinstitucional Anticontrabando (UIC), que preside Emilio Fúster, sostiene que el fallo dictado por la Cámara de Apelaciones y que favoreció a los detenidos en el caso del Detave “es arbitrario y sienta un precedente nefasto”.
“Decimos que es arbitrario porque se basa en hechos falsos, como por ejemplo que las intervenciones telefónicas fueron realizadas sin orden ni control judicial, lo cual es desvirtuado por el mismo fallo al hacer referencia a tres órdenes judiciales que autorizaron las escuchas”.
Agrega que dichas órdenes se otorgaron y autorizaron para las diligencias al Ministerio Público y a la Senad.