La docente María Teresa Díaz recibió una condena de cuatro años de cárcel por producción de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, informó el corresponsal de Última Hora Édgar Medina.
Durante el juicio oral y público, la Fiscalía sostuvo que Díaz montó todo un plan para apoderarse de los bienes del sacerdote Severiano Martínez Vázquez, quien falleció en noviembre del 2016.
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Asimismo, se comprobó que actuó en confabulación con cuatro familiares suyos y un oficial del Registro Civil.
Los otros condenados por este caso son José de Jesús Benítez, Guido Ramón Acuña Díaz, Teodoro Fernández Duarte y María Cirila Díaz de Fernández, quienes fueron sentenciados a 2 años de prisión con suspensión de la ejecución de la condena.
Por su parte, el funcionario público Benito Éver Ríos González admitió su participación en un juicio abreviado y fue condenado a dos años de cárcel, al ser hallado culpable de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
El caso
El plan para quedarse con varias propiedades y cabezas de ganado se inició en el año 2016 y se ejecutó en diferentes fechas y lugares, según la investigación de la Fiscalía.
El sacerdote estaba internado en el Hospital del IPS de Asunción luchando contra una enfermedad terminal.
Tras constatarse su fallecimiento, el 9 de noviembre del 2016, la mujer solicitó ante el Juzgado Civil de Santa Rita, Alto Paraná, iniciar un juicio sucesorio de Severiano Martínez, presentando un certificado de nacimiento falso de la supuesta hija y un certificado de matrimonio apócrifo entre ella y el religioso.
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Los hermanos del padre tuvieron conocimiento del proceso y comenzaron a sospechar que se trataba de una unión matrimonial falsa, por lo que presentaron una denuncia ante la Fiscalía.
El supuesto matrimonio entre María Teresa Días y el sacerdote se realizó en el predio del IPS el 22 de setiembre del 2016, cuando él se encontraba internado luchando por su vida.
La ceremonia simulada fue oficiada por el funcionario judicial Benito Éver Ríos, responsable de la oficina número 727 de Remansito; mientras que los testigos fueron José de Jesús Benítez, Guido Ramón Acuña Díaz, Teodoro Fernández Duarte y María Cirila Díaz de Fernández, familiares de la docente.
En el evento, alegaron tener una hija en común, una niña indígena que supuestamente fue reconocida por ambos el 10 de agosto de 2011 en la Oficina del Registro Civil Nº 318 de la ciudad de San Juan Nepomuceno, Departamento de Caazapá.
El Tribunal de Sentencia de Ciudad del Este —integrado por Flavia Lorena Recalde, Milciades Ovelar y Emilia Santos— falló contra la docente, luego de que se comprobara que todos los documentos para adueñarse de los bienes del sacerdote fallecido eran falsificados.
