Las juezas Yolanda Morel, Ana Rodríguez y Karina Cáceres, se probaron los hechos de punibles cohecho pasivo agravado, tentativa de extorsión y privación ilegítima de libertad.
Para las magistradas, quedó probado que ambos agentes policiales capturaron a una mujer y le solicitaron G. 3.000.0000 para no ejecutar 4 ordenes de captura que tenía. Fueron pruebas clave en el juicio oral, los audios ofrecidos por los agentes del Ministerio Público.
En el caso, los fiscales Diego Arzamendia y Verónica Valdez, en sus alegatos finales, solicitaron las penas de 6 años de cárcel para los dos agentes, ya que señalaron que hubo concurso de delitos.
Por su parte, el abogado Hugo López, que encabezó la defensa de ambos uniformados, solicitó la absolución de culpa y reproche. Dijo que no se probaron los hechos acusados por los fiscales. No se probó que se solicitó coima, refirió.
En el caso, los hechos ocurrieron en el mes de diciembre del 2022, cuando los agentes detuvieron a Joana Riveros Saavedra, que estaba con su hija pequeña. La misma tenía cuatro órdenes de captura y había sido denunciada por un supuesto hurto de 3 millones de guaraníes.
Según las juezas, se probó que detuvieron a la mujer, la tuvieron privada de su libertad por una hora, en la que recorrieron con su patrullera, y solicitaron el dinero para no ejecutar las órdenes de captura que tenía.
