Los tres torturadores condenados a 25 años de cárcel por el caso de Mario Schaerer Prono, iniciaron en junio pasado una demanda contra el Estado paraguayo ante el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, para seguir cobrando sus haberes jubilatorios. Hace algunas semanas se rechazó el pedido de medida cautelar de suspender los efectos del decreto.
Los accionantes son Camilo Almada Morel, Nicolás Lucilo Benítez, alias Kururu Pire, y Juan Aniceto Martínez, accionaron para anular un decreto del Poder Ejecutivo por el que se los dio de baja a raíz de la pena que cumplen.
Los accionantes atacan en su demanda el Decreto 2.139 del 27 de mayo pasado, por el que el presidente Fernando Lugo dispuso instruir al comandante de la Policía, Viviano Machado, iniciar los trámites para dar de baja a Almada, Benítez y Martínez, todos policías retirados con condenas firmes y ejecutoriadas.
Por la misma resolución, se dispuso la suspensión del pago de los haberes de retiro “en razón de haber sido condenados por delitos de lesa humanidad, a las resultas del procedimiento pertinente”.
RECHAZO. Como medida cautelar, también pedían la suspensión de los efectos del decreto respectivo, para seguir cobrando sus haberes de retiro. Sin embargo, los magistrados Meneleo Insfrán, Vicente José Cárdenas y Juan Francisco Recalde entendieron que no se cumplieron los requisitos y rechazaron el pedido.
En la demanda, también atacan la resolución de la Dirección de Justicia Policial que les instruyó sumario administrativo. Los accionantes afirman que se excusan de un recurso de reconsideración, al haber firmado el decreto la máxima autoridad del Ejecutivo.
Al argumentar su acción, dicen que el acto es arbitrario e inconstitucional. Afirman que en el decreto está “la anodina frase por delitos de lesa humanidad”, ya que es “un despropósito y una falacia”, porque no existe ese tipo de delito, señalan.
Añaden que no será el Poder Ejecutivo, por el citado decreto, el que “nos exponga a la desconsideración como autores de supuestos delitos de lesa humanidad que sólo existe en la mente y en el pensamiento de quienes redactaron y refrendaron el decreto impugnado”.