Los expertos Martha Coronel, Rodrigo Ibarrola y Luis Rojas también calificaron de positivo que el Gobierno haya transparentado el déficit estatal, estableciendo un nuevo plan de convergencia fiscal.
No obstante, coinciden en que un déficit mayor siempre puede generar riesgos para la economía, especialmente en materia de deudas e incluso sobre los precios en general.
Al respecto, Coronel —de la Consultora Mentu—, si bien considera que un mayor déficit no necesariamente tendrá un efecto inmediato sobre los precios o la inflación, advierte que la flexibilización sí puede traducirse en más deudas.
Esto, según dijo, tendría dos efectos directos. Primero, si el Estado recurre a una emisión de bonos, y lo hace en el mercado local, competiría por los recursos disponibles para financiamiento con empresas privadas y ciudadanos, lo que podría hacer que las tasas de los préstamos privados bajen más lentamente.
En segundo lugar, implicaría mayores intereses que se tendrán que pagar en siguientes periodos, reduciendo el espacio fiscal del Gobierno a futuro, antes que destinarse a nuevas inversiones, tanto en infraestructura como en áreas sociales y de capital humano.
Planteó como desafíos principales mejorar la recaudación sin necesariamente aumentar los impuestos, mediante la formalización y eficiencia tributaria, además de reducir los gastos innecesarios y mejorar la calidad del gasto.
También propuso que la regla fiscal no se concentre únicamente en establecer un límite al déficit, sino incorporar reglas sobre cuánto pueden crecer los ingresos y cuánto puede aumentar el gasto en función de esos ingresos.
“Entonces, el Estado estaría obligado a recaudar más para poder gastar más o de lo contrario tendrá que ajustarse los cinturones para no seguir pasando siempre el límite que se impone por ley”, añade.
Para Martha Coronel, solo se debe flexibilizar en un nivel alto en situaciones excepcionales o de shock, pero no darse un aumento permanente sin exigencias adicionales sobre ingresos y gastos, ya que esto podría generar “un círculo de endeudamiento constante” que se trasladaría a las generaciones futuras.
Presión en precios. Por su parte, Rodrigo Ibarrola, si bien afirma que no todo déficit puede significar una mayor inflación, sí puede causar “una gran expansión del gasto”, lo que finalmente puede “presionar sobre los precios, sobre todo si la economía está cerca del pleno empleo; es decir, si hay poca capacidad ociosa”. En tanto, el efecto depende nuevamente de factores, como la política monetaria, el tipo de cambio y la forma en que se financia ese déficit.
El experto del Cadep también resalta que un déficit alto y persistente puede convertirse en un problema cuando crece más rápido que la capacidad de pago del Estado o cuando se utiliza para financiar gastos corrientes que no generan mejoras en la productividad.
Coincide en que el principal problema radica en que se genera más deuda, más intereses, y por ende menos recursos disponibles.
“Un corte abrupto del gasto puede tener efectos negativos, sobre todo si el gasto es para medicamentos, mantener servicios de salud, o infraestructura”, advierte.
Recuerda, sin embargo, que los superávits fiscales son poco habituales y que los programas de austeridad no siempre tuvieron buenos resultados a nivel internacional. Incluso, señala que el FMI plantea continuar con la consolidación fiscal, pero evitar una reducción excesiva del gasto social.
Para Ibarrola, el debate debería centrarse en cuál es el nivel de déficit compatible con la prestación adecuada de los servicios públicos, la inversión necesaria y una deuda sostenible.
En ese contexto, considera que cada vez resulta más difícil sostener el actual límite de 1,5% del PIB.
Aumentar ingresos. Para el investigador Luis Rojas, la modificación del déficit no cambiará de forma importante la política económica del Gobierno, sino que representa un reconocimiento de que la situación fiscal es peor de lo que se venía reportando.
A su criterio, el problema de fondo es que el Estado mantiene una baja recaudación e insuficiente inversión pública. Advierte que esa baja inversión, sumada a la falta de infraestructura y capacitación, contribuye a la baja productividad de los trabajadores frente a otros países de la región, lo que podría prolongarse si no se cambia el enfoque económico.
“El Gobierno va a seguir recurriendo a la emisión de bonos, a los préstamos para saldar o calzar el déficit. Vamos a tener continuismo, una política recesiva, de ajuste, que no es lo que necesitamos como país”, asevera.
Sobre una eventual modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, afirma que elevar el límite fiscal tampoco resolvería los problemas estructurales, por lo que remarca que el camino debería ser aumentar los ingresos. Propuso fortalecer la formalización laboral, reducir la evasión y aumentar la recaudación tributaria, a fin de tener mayor capacidad para financiar inversión y reducir la necesidad de recurrir al endeudamiento para cubrir el déficit. “El cambio en la Ley no modificaría nada sustantivo. Yo más bien promovería el aumento de los ingresos del Estado, más que el aumento del techo del déficit”, finaliza.
