Remarcó que la decisión del presidente va en contramano de un contundente rechazo social y de una amplia condena de la comunidad internacional a su aprobación. “Este proyecto avanzó con base en argumentos falaces: ni las organizaciones civiles sin fines de lucro se encuentran actualmente exentas de rendir cuentas; ni esta ley contribuirá a ordenar los diferentes registros y rendiciones ya existentes”, apuntó Amnistía.
Sentenció que esta nueva ley violenta la libertad de asociación y de expresión, al derecho a la privacidad, a participar de los asuntos públicos y al derecho a defender los derechos humanos.
“Adolece de serios déficits legislativos, como la vulneración al principio de legalidad por la falta de precisión y claridad, incluyendo la finalidad, alcance e implementación, posibilitando una aplicación arbitraria y una injerencia estatal innecesaria y desproporcionada”, sostuvo.
Es alarmante que Paraguay siga ejemplos de marcos legislativos represivos de otros países como Nicaragua.
