- Édgar Medina
- MINGA GUAZÚ
Dos personas fueron asesinadas y una tercera se salvó porque el autor ya no tenía balas. Esto sucedió el fin de semana pasado durante una manifestación pacífica de un grupo de vecinos que juntaban firmas para pedir el rechazo de la instalación de una supuesta antena telefónica. El crimen ocurrió en el barrio San Felipe de Minga Guazú y ahora la Junta Municipal pidió que se cumpla una ordenanza establecida para estos casos, que consiste en hacer audiencias públicas.
La concejala colorada Elizabeth Vargas recomendó al intendente municipal Diego Ríos, independiente, a que realice las audiencias públicas previstas en una ordenanza municipal del año 2019.
La ordenanza establece una audiencia pública entre vecinos y los que proyectan instalar las antenas en las comunidades. El objetivo es que se dé información a los afectados. Al mismo tiempo, tres concejales trabajan sobre una ordenanza que reglamente estas audiencias.
El asesinato de Óscar Daniel Martínez Barrios (53) y Adriano Rojas Martínez (59) enlutó a toda una comunidad, ya que se tratan de dos líderes sociales muy conocidos por su trabajo. Los vecinos solo estaban juntando firmas frente al predio donde se estaba realizando una construcción, para plantear el rechazo ante la Municipalidad de Minga Guazú.
El hecho ocurrió en la noche del domingo, cuando el propietario del inmueble, Florentín Borja Segovia (51) reaccionó en forma violenta luego de preguntar quiénes eran los dirigentes, disparándoles directamente al cuerpo.
“Ningún vecino quiere porque dice que es antena 5 G. Creen que causa daño. Las instituciones a quienes corresponden tienen que informar a la ciudadanía sobre esta situación. A nivel país hay ese problema. También las empresas que quieren instalar tampoco son sinceras y camuflan como otros proyectos. Estas empresas firman un contrato con los propietarios y ellos son los que gestionan la aprobación. Si esto no causa daño por qué no cuentan la verdad sobre las antenas”, refirió la concejala Vargas.
NO HACEN DAÑO. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) había publicado en el año 2020 que no existen riesgos de la tecnología 5G para la salud, basado en un comunicado de la Organización de Estados Americanos que desmiente los supuestos riesgos de la tecnología para la salud.
Los responsables de la entidad señalaron que desde la Unión Internacional de Comunicaciones se desarrolló 350 estudios de investigación sobre la salud humana y los campos electromagnéticos de ondas milimétricas con relación a las tecnologías 5G, en las que se comprobaron que no hay riesgos de salud y las informaciones contrarias son falsas.
En nuestro país, las señales emitidas por las antenas de telecomunicaciones instaladas se encuentran por debajo de los límites máximos permisibles establecidos en el decreto 10071/07, según Conatel.
EMPLAZAMIENTO. La Junta Municipal emplazó por 72 horas al intendente municipal para que informe sobre el caso de San Felipe, además de los otros proyectos de instalación de antenas telefónicas. Es que el ejecutivo municipal es el que autoriza las construcciones y la Junta Municipal no tiene datos al respecto.
Existen otros dos proyectos de construcción trabados, en las que se intentó camuflar la antena en tanques de agua, incluso uno de ellos está judicializado. Uno de los casos se registró en el barrio Pa’i Coronel y otro en el kilómetro 16 Monday, San Ramón, donde también se pidió la aprobación de planos para la instalación de un tanque de agua, que tiene oposición de los vecinos.
La comisión vecinal por su parte también pidió un informe detallado a la Municipalidad sobre las torres de antenas que quieren ser instaladas en el barrio San Felipe. En la misma nota exigen la clausura definitiva de la construcción de la antena y repudian el acto de violencia registrado el 21 de agosto pasado, con dos víctimas fatales.