Wilson Ferreira | Ciudad del Este
La edil, electa por el Partido Democrático Progresista (PDP), considera un agravio a su persona la imputación. Aseguró que se trata, en el peor de los casos, de falta administrativa, y que en ningún caso es perseguible penalmente debido a que no tiene una tipificación.
Explicó que le sorprendió ser investigada y que se enteró de la pesquisa a través de la prensa. La imputación califica la conducta de Fernández en el marco de la Ley 5295/14, que prohíbe el nepotismo en la función pública.
La abogada señaló que cualquier estudiante de primer año de derecho sabe que no hay delito ni pena sin ley previa. Aseguró que el fiscal Édgar Torales cometió una “terror jurídico” y no “un error jurídico”.
Señaló además que no se puede exigir obediencia a reglas de conducta si la regla no existe en el Código Penal. Sostiene que la Ley 5.259/14, que prohíbe el nepotismo en la Función Pública, es una ley administrativa y no penal.
En consecuencia, mencionó que el que comete nepotismo debe ser sancionado con inhabilitación, de hasta 5 años, en el ejercicio dentro de la función pública. El mismo castigo recibe el beneficiario. “Ambos, autor y beneficiado, serán solidariamente responsables de la devolución de los salarios cobrados indebidamente”, refiere la legislación.
“El fiscal demostró que no es idóneo ni apto para el cargo que ocupa”, refirió la concejala, calificando el acta de imputación como “mamotreto jurídico”.
ANTECEDENTES. La concejala fue denunciada por Alcides Giménez Rodas por tráfico de influencia y nepotismo, por el nombramiento sus dos hijos y dos sobrinos en la Municipalidad local, percibiendo salarios y sin haber realizado ningún concurso de oposición para el efecto.
Los parientes supuestamente beneficiados por la edil son José Augusto Fernández, Marcelo Manuel Martínez Fernández, María Antonia Álvarez Fernández y Ana Laura Martínez Fernández.
VENGANZA. Desde un principio la denunciada señaló que todo se trata de una venganza por denunciar actos de corrupción que involucran a ex autoridades de Presidente Franco y promover movilizaciones populares para exigir el procesamiento de ellos ante el Ministerio Público.
Junto a la Asociación Movimiento Teko Porã Rekávo (Amoter) encabezaron varias manifestaciones para el procesamiento de los ex intendentes Alcides Fernández y Abraham Alegre.
En ese sentido, Alcides Fernández logró el sobreseimiento definitivo, mientras que sigue vinculado a la investigación el otro ex intendente, Abraham Alegre, quien debe participar de una audiencia preliminar para definir su suerte.
