Según la denuncia, las máquinas tragamonedas –según la ley– deben estar en lugares cerrados y con la prohibición de acceso a menores de edad al lugar, y no en la vía pública como en muchos casos.
También, hay un canon que los locales que exploten el servicio deben pagar, lo cual debe ir destinado a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Dibén), como beneficencia.
En caso de que esto no se cumpla, los propietarios se exponen a una pena de hasta cinco años de prisión.
Desde la institución aseguran que el uso de las tragamonedas en menores deja daños sicológicos, por lo que debe ser controlado.
RETIRO. Recientemente, la Conajzar procedió a retirar las máquinas tragamonedas que estaban siendo usadas de manera clandestina.
Anunciaron, además, otros operativos para sacar de circulación aparatos si los locales no cumplen requisitos.
