Los trabajos de investigación que no se encuentren dentro de las prioridades de los entes que tienen representación en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) podrían quedar relegados, según la nueva regla de juego aprobada la semana pasada.
Los investigadores se encuentran expectantes a la publicación de la resolución –todavía no fue oficializada– que establece un nuevo sistema de adjudicación de proyectos.
El Ing. Luis Lima, presidente del Conacyt, adelantó que los proyectos aprobados por los pares evaluadores tendrán un peso del 70% –antes era casi del 100%– y serán enviados a los entes rectores del Conacyt para que armen una lista de “priorización” con una carga del 20%.
Para Ramón Fogel, presidente del Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios (CERI), “es razonable” que los entes del Estado tengan intervención en proyectos de sus áreas. Y ubica las prioridades que tenga el Ministerio de Salud Pública, por caso.
“Hasta ahí no hay problemas, pero hay que ver qué se hace con los sectores que no tienen representación actual en el consejo”, apunta y menciona que la inequidad social también se ve reflejada en el seno del Conacyt. “El tema de la pobreza y la agricultura campesina quedan desprotegidas. Habría que tener cuidado y darle algún tratamiento a aquello que atiende a todo el bienestar de la población que está marcado por el plan de desarrollo 2020-2030”, sostiene al remarcar que “esos intereses sociales no están claramente representados” al interior del Conacyt.
El tema que preocupa es que los sectores de la producción tienen mayoría dentro del consejo. “El Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) trabaja para el sector sojero. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) tiene dos representantes y los dos son del IPTA, que destina gran parte de su presupuesto al agronegocio. Ellos no van a priorizar la cuestión campesina, ellos están en la soja”, remarca.
INOPORTUNO. La Dra. Antonieta Rojas, presidenta de la Sociedad Científica del Paraguay (SCP), critica que haya nuevas prioridades cuando los que concursaron lo hicieron sobre la base de las reglas existentes. “No pueden cambiar las reglas del juego una vez que empieza el proceso. Ellos ya priorizaron para el llamado del 2018, sacaron una lista de prioridades. La gente presentó su proyecto de acuerdo con esas prioridades. Entonces, ahora vuelven a priorizar lo que ya estaba priorizado”, cuestiona.
Para ella, si el Conacyt no quiere intervenir en la decisión de los pares, lo ideal es “subir la vara” del puntaje mínimo, en lugar de bajarla. Antes el puntaje mínimo era de 70 puntos. “Ahora que hay poco dinero y muchos proyectos, ¿por qué no suben de 70 a 85 y cortan en un puntaje?”, opone al indicar que así se financiarán proyectos de mayor calidad en cada una de las áreas.
“La priorización pierde su función, o irá en detrimento de la calidad y queremos garantizar proyectos de calidad”, dice y deja una interrogante: “¿Qué pasa si los pares otorgan 90 puntos a un proyecto que no es importante o prioritario para el ministerio o el ente rector del área?”. “¿No se financia?”.