La preocupación generalizada por el encarecimiento excesivo del tomate llevó a la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) a llamar a una urgente reunión interinstitucional, con el fin de determinar si hay indicios de concertación de precios entre los comercios. Cada kilo llega al consumidor final por más de G. 17.000.
A partir de las publicaciones periodísticas, los funcionarios recabaron declaraciones sobre la suba de precios del tomate y decidieron indagar más para entender cómo funciona la estructura del mercado.
“Es un mercado muy específico; nosotros tenemos que ver los actores que están involucrados, cómo es la cadena de suministros, si existen o no intermediarios para poder ver si hay indicios de la condición de alguna conducta anticompetitiva”, dijo el director de Investigación de Conacom, Ricardo Gavilán.
Para el efecto, se convocará urgentemente a una reunión con representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Industria y Comercio, así como con la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco).
Si en esta etapa se hallan indicios de acuerdo anticompetitivo, la institución abrirá un sumario de investigación. “Como Conacom, no somos un ente regulador de precios, nosotros lo que perseguimos son conductas anticompetitivas. Entonces, nosotros vamos a solicitar una reunión con los técnicos del MAG, vamos a requerir información sobre el comportamiento de los precios y a analizar esa estructura para saber si existe alguna cartelización de precios o un acuerdo anticompetitivo en cuanto a la fijación de precios”, insistió Gavilán sobre el encarecimiento de la hortaliza.
Si bien los valores del tomate venían subiendo, el salto excesivo se registra desde la semana pasada. La discusión se caldeó cuando el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, manifestó el lunes que el caso merecía una intervención de la Sedeco, mientras que esta institución atribuyó la responsabilidad a Conacom.
Importadores. Pedro Villarreal, de la Asociación de Comerciantes e Importadores del Paraguay, mencionó que en la intermediación se deben tener en cuenta varios gastos, como el flete, la clasificación, la merma por defectos del tomate, pago de salario a empleados, alquiler de depósito y traslado a los supermercados. “Es imposible mantener ese costo para un comerciante del Abasto, sin contar los sobrecostos en la cadena de distribución. Los supermercados trabajan con devolución, por eso muchos productores no pueden de manera directa”, mencionó el comerciante.
A esto se suma que se trabaja a crédito y con devolución de productos con los locales minoristas. Villarreal sostiene que este comportamiento obedece en realidad a la falta de oferta nacional, teniendo en cuenta que los tomates no están maduros por factores climáticos.
También la Cámara Paraguaya de Supermercados se había expedido sobre el tema. Su titular, Joaquín González, deslindó responsabilidad de estos comercios. Explicó que se abastecen del Mercado de Abasto y que son tomadores de precios de los mercados mayoristas.
La demanda diaria de tomate asciende a seis millones de kilos, según la Dirección de Comercialización del MAG.
G. 17.250 por kilo es el precio mínimo del tomate para el consumidor final. Los productores cobran G. 8.000 por kilo.
6 millones de kilos es la demanda mensual de tomate, de acuerdo con los datos de la Dirección de Comercialización.
Acusan de manipular precios para abrir la importación
La discusión principal se basa en que los productores reciben en finca G. 8.000 por kilo, pero el precio que llega a los consumidores finales supera los G. 17.000.
Aunque se reconoce que debe haber una ganancia, el sector productivo cuestiona la diferencia de más de 100%.
El vocero del Consejo Nacional de Productores Frutihortícolas, Máximo González, manifestó que el tomate debería llegar al ciudadano como máximo a G. 12.000 el kilo.
En ese sentido, acusó a los comerciantes de manipular precios como un chantaje para que el Gobierno otorgue acreditaciones fitosanitarias de importación.
Con estos documentos, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas controla el ingreso de productos extranjeros, con la intención de proteger la producción nacional.
La importación está prohibida desde mayo y de acuerdo con el MAG, hay producción para abastecer el mercado hasta diciembre.
