Opinión

Con un puntapié en las cachas

Luis Bareiro – @Luisbareiro

Tres cuartos de siglo regidos por un solo partido político han normalizado situaciones que no son normales. El éxito de la ANR fue convencernos de que nada tenía de extraordinario que para ocupar un cargo público fuera necesaria la afiliación partidaria; que la vinculación política, la consanguinidad, la amistad o los amores inconfesables eran requisitos suficientes para vivir del aporte de los contribuyentes. La consecuencia es un aparato estatal teñido de rojo, con algunas motas azules y alguna que otra rareza cromática.

Nos urge desteñirlo. Paraguay necesita dejar de ser una rareza política. En los países que han alcanzado cierto nivel de madurez cívica, el grueso de la población se identifica con alguna corriente ideológica, pero no está afiliada a un partido político. En general, menos del 20% de la población está inscripta en alguna organización política. La gente no vota según una afiliación partidaria, sino de acuerdo con la tendencia de quienes integran la oferta electoral.

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En general, los candidatos son más conservadores (menos impuestos, participación estatal más restringida) o más progresistas (mayor cobertura social, impuestos diferenciados según nivel de ingresos). Y el elector se siente representado con esas ideas o vota de acuerdo con el sentimiento que le genere un candidato. Casi siempre hay un sector importante que vota indistintamente, según la coyuntura o la empatía que haya logrado provocar alguno de los contendientes políticos.

El partido que gana las elecciones toma las riendas de uno de los tres poderes del Estado, del Ejecutivo, e intenta desde allí implementar nuevas políticas públicas, reforzar alguna que ya esté en ejecución o darles algún matiz distinto a las vigentes. En el Congreso, todo depende de cómo estén integradas las cámaras, pero allí rara vez un partido tiene el control absoluto. Es el espacio donde, en democracia, se dan las negociaciones permanentes.

En estos países, las áreas que registran variaciones mínimas con la alternancia política son el Poder Judicial y el aparato público. Por una sencilla razón, porque quienes integran el área judicial no pueden tener participación en cuestiones político-partidarias; y porque los funcionarios públicos son mayoritariamente funcionarios de Estado, no de gobierno. Hay una diferencia clarísima entre cargos políticos y cargos técnicos.

Esto ha sido deformado brutalmente por la política criolla, empezando con el Partido Colorado y siguiendo con los liberales e incluso algunos partidos nuevos. El concepto bucanero de nuestra clase política concibe al aparato público en su totalidad como un botín de guerra. Y esto se refleja en los datos aterradores del personal estatal. Más del 90% de los funcionarios que cobran del dinero público son afiliados de la ANR. Prácticamente todos ingresaron sin concursar, sencillamente por recomendación política.

La situación pasa a ser espeluznante cuando vemos los mismos porcentajes en el Poder Judicial; y se convierte en escandalosa cuando nos muestran que el fenómeno se repite en los cuadros de jueces y fiscales. Y todavía hay más. Es tal el nivel de desparpajo con el que se mantiene esta práctica que muchos de ellos, violando leyes y preceptos constitucionales, han participado sin rubor de las internas partidarias.

Esta barbaridad denunciada por ÚH hubiera provocado en cualquier república más o menos seria la renuncia inmediata de estos magistrados o su destitución automática. Aquí, tanto los denunciados como los responsables de corregir semejante desaguisado miran para otro lado o fingen demencia. Es absolutamente inadmisible que un fiscal —que debe eventualmente investigar las trapisondas de un administrador público— y que un magistrado —que debe juzgarlo y condenarlo o absolverlo— no solo pertenezcan al mismo partido político que él, sino que incluso integre el mismo movimiento interno partidario.

Esto más que anormal es aberrante. Si queremos que el Estado funcione para lo que fue concebido debemos desparasitarlo de correligionarios, parientes y amantes. Y debemos empezar por estos jueces y fiscales a quienes nos urge enviarlos a su casa con el agradecimiento respectivo allí donde la espalda pierde su honesto nombre.

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