Política

Con nueva chicana, suspenden audiencia de Zacarías Irún

 

La jueza penal de Garantías Cinthia Garcete dio curso a sendos pedidos de suspensión de la audiencia preliminar prevista para este jueves en el caso de lesión de confianza, también conocido como caso de Frontera Producciones, que involucra a la familia del político colorado esteño Javier Zacarías Irún.

En la causa hay 10 procesados, todos acusados por el mismo hecho delictivo con diferentes responsabilidades. La magistrada fijó para el 17 de junio, a las 8:00 de la próxima fecha, para la audiencia en la que se debe resolver si el caso pasa a juicio oral y público, así como solicitó el Ministerio Público.

El abogado Christian Cabral, defensor del senador y de la ex intendenta Sandra McLeod de Zacarías, adujo que no tenía la copia del expediente judicial para poder ejercer la defensa de sus clientes. Por dicha razón solicitó la suspensión de la audiencia preliminar.

El otro hecho llamativo es la coincidencia de la audiencia indagatoria en el Ministerio Público con el día y horario previsto para la audiencia preliminar en el Juzgado Penal de Garantías a cargo de la jueza Cinthia Garcete. En este hecho se basó la defensa de Juan Domingo Sanabria, ex jefe de prensa de la Municipalidad de Ciudad del Este, y su esposa Olga Beatriz Rojas Espínola, además de los cuñados Dora Elsi Rojas Espínola, Lucía Rojas Espínola y Gustavo Adolfo Rojas Espínola, para pedir la suspensión de la audiencia preliminar.

Fue el abogado Rolando Barboza quien planteó el pedido, que sumado al de su colega posibilitó la dilación de la diligencia.

El caso se había iniciado por denuncias realizadas con relación a supuestos desvíos de los recursos de la municipalidad de Ciudad del Este, para financiar la campaña política de la familia Zacarías Irún y la adquisición de inmuebles en el exterior. La causa se inició con el informe de la interventora, actual ministra de Corte, Carolina Llanes y un informe de la Contraloría General de la República. Inicialmente el monto desviado sería G. 2.100 millones, pero con el escrito de acusación la Fiscalía presentó otra imputación por G. 3.700 millones.

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