12 abr. 2026

Con megaoperativo, Brasil golpea a esquema que operaba con Paraguay

La red criminal no solo lavaba dinero producto del contrabando, sino que tenía a su disposición todo un grupo de servidores públicos que operaban con ellos. En transacciones se usaba criptomoneda.

28231544

Fuente: Policía Federal del Brasil.

Al cabo de diez años de haberse consolidado una organización criminal dedicada al contrabando y lavado de dinero que operaba en la frontera entre Brasil y Paraguay, fue desmantelada mediante un megaoperativo conjunto entre la Receita Federal (Aduana ) y la Policía Federal, ambas instituciones del Brasil.
La operación fue denominada Anemia, la que permitió identificar y desarticular una red que movía grandes cantidades de mercancías ilegales y lavaba dinero a través de una compleja estructura de empresas y testaferros.

Según las investigaciones, la red criminal evadía grandes cantidades de impuestos, utilizando sofisticados métodos para lavar el dinero obtenido de sus actividades ilícitas.

La organización criminal importaba ilegalmente grandes cantidades de mercancías de origen extranjero, principalmente productos electrónicos, desde ciudades fronterizas de Paraguay (principalmente Ciudad del Este, Salto del Guairá y Pedro Juan Caballero) hacia Brasil.

“Durante las investigaciones se encontraron indicios de actividades ilícitas y lavado de dinero. Las cuentas bancarias relacionadas con los investigados recibieron fondos de personas con antecedentes criminales relacionados con la práctica de contrabando”, revela un informe divulgado ayer por la Receita Federal.

COOPERACIÓN. La estructura criminal estaba bien consolidada, ya que tenía la colaboración de una red de agentes públicos activos e inactivos del Brasil que facilitaban el ingreso de las mercaderías sin pasar por los controles aduaneros.

Una vez en Brasil, los productos eran distribuidos a clientes en grandes centros urbanos como San Pablo, Río de Janeiro, Río Grande do Sul, Goiás y el Distrito Federal, principalmente en mercados populares y tiendas especializadas en electrónica.

Todas las ganancias del contrabando eran lavadas a través de una compleja red de empresas nacionales e internacionales, incluyendo empresas offshore.

Además, utilizaban el mecanismo de evasión de divisas y el uso de criptomonedas.

“Se identificaron siete núcleos operativos, que actuaban de manera estructurada y caracterizados por la división de tareas: (1) núcleo de gestión, (2) núcleo de logística, (3) núcleo de financiadores, (4) núcleo de contadores, (5) núcleo de cambistas/operadores financieros, (6) núcleo de compradores y (7) núcleo de testaferros”, menciona el informe.

Además, se descubrió que, con el desarrollo de las actividades criminales promovidas por el grupo, estos empezaron a adquirir productos directamente de proveedores en Estados Unidos, China y Hong Kong, de modo que las ciudades paraguayas de la región fronteriza pasaron a servir solo como depósito físico.

“Para operar los pagos a los proveedores ubicados en estos países, la organización criminal habría estructurado una compleja red de empresas nacionales y en el extranjero (offshore) que, mediante el uso de criptomonedas, efectuaban la evasión de divisas y el lavado de dinero”, explicaron las autoridades.

Se tiene que solo en una de las empresas –constituida a nombre de una empleada– se movieron aproximadamente 700 millones de reales sin el correspondiente ingreso declarado.

Firmas fantasmas La organización utilizaba empresas ficticias, sin capacidad operativa aparente y con flujos contables simulados. Los criminales registraron ingresos ficticios, sin respaldo en documentos de ventas o servicios, para dar soporte a la distribución de ganancias entre los socios y disimular el origen ilícito de los recursos. Contaba con financistas, muchos de ellos servidores públicos, que invertían recursos y dividían ganancias de actividades con contadores que actúan para dar una apariencia legal.

Solo en una de las empresas, se transfirió más de 700 millones de reales. Los allanamientos se hicieron en los estados de Paraná, Santa Catarina, São Paulo y Río de Janeiro. El grupo criminal operaba desde 2014. Se constató que los proveedores eran Estados Unidos, China y Hong Kong. En cuanto a Paraguay, este servía como almacén de mercancías.

Más contenido de esta sección
El ex intendente Armando Gómez, procesado por la supuesta anulación de facturas por un valor de G. 9.317 millones a través del sistema informático, debía enfrentarse a un juicio oral el lunes 13 de abril, fecha nuevamente suspendida por un pedido de sus abogados. Ahora el Tribunal fijó recién para junio el juicio.
Los fiscales Yeimy Adle, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva urgieron al Tribunal de Apelación Especializado que resuelva la recusación contra el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú, pendiente desde inicios de marzo, conforme señalan en su petición. La solicitud se enmarca en la imputación por el caso del Metrobús.
El Tribunal de Sentencia resolverá al mediodía si inicia o no el juicio oral por la quema de Colorado Róga, ocurrida en marzo del 2021, contra los cuatro procesados. Están pendientes de resolución tres acciones de inconstitucionalidad y un recurso de casación en la Corte, además de una apelación ante el Tribunal de Alzada.
Mientras “por humanidad” la Policía permitió comodidades como el split, somier, caminadora y electrodomésticos para la procesada, por tuberculosis mueren presos en penitenciarías del país.
Los jueces no pueden delegar la toma de decisiones en cualquier tipo de resoluciones jurisdiccionales o administrativas a la inteligencia artificial (IA), según el reglamento que define la política operacional para el uso de estos métodos, aprobado por la Corte Suprema de Justicia.