Fernández destacó que con ello se paga una deuda histórica del Estado con la ciudadanía, con respecto al artículo 28 de la Constitución Nacional, que establece el derecho a informarse.
Recordó que el mencionado artículo constitucional no fue reglamentado por años, y que cuando se lo hizo, tuvo que ser derogado por los propios redactores.
El segundo párrafo de la ley sancionada ayer establece que “las fuentes públicas de información son libres para todos” y que “la ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo”.
Fernández Bogado consideró también que esta ley “vuelve al ciudadano en actor activo del Estado” por el papel de contralor que puede ejercer ahora.
Consideró que ahora “la ecuación del poder se altera”, debido a que el mandante tiene el control sobre el mandatario, y que los actores del gobierno se verán en la obligación de guardar sus documentos a fin de poder justificar sus acciones al frente de las instituciones públicas.
También consideró que la ley sancionada podrá colaborar para que en el país se dé una mayor transparencia en lo que se refiere al manejo del dinero público.
Valoró, además, que se haya ratificado la versión de diputados que “es parecida a la redacción original”.