El informe final de la Comisión Antilavado, presidida por el senador Dionisio Amarilla, fue aprobado por mayoría en el Senado, en medio de cuestionamientos. Se acordó que la documentación será remitida a la Fiscalía, la Contraloría, e incluso al Departamento de Estado de EEUU.
La documentación de la Comisión Conjunta de Investigación contiene nueve tomos y su conclusión se centra en dar recomendaciones a varias instituciones.
Se insta a actuar en materia de lavado de dinero, contrabando, entre otros delitos, y fue justamente el titular de la CBI, Dionisio Amarilla el que planteó la remisión a los de control, así como también al extranjero.
Estas instituciones son la Fiscalía General de la República, la Contraloría, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, la Seprelad; así también la Superintendencia del Banco Central del Paraguay (BCP) y el Ministerio de Defensa. También al Departamento de Estado de EEUU y a parlamentos regionales.
Cabe referir que del informe se desprenden recomendaciones a la DNIT por su “notable desinterés en involucrarse en la comercialización de armas, municiones y afines, pese a que el mercado ilegal de armas haya permeado las zonas fronterizas”.
En este sentido, y pese a que la remisión del informe a las instituciones haya sido aprobado de manera general, la senadora Yolanda Paredes hizo mención especial sobre la DNIT y su titular, Óscar Orué en particular.
“Hay que enviar los antecedentes de Óscar Orué con relación a la connivencia aparente que existe con relación al tráfico de armas, según manifestaciones del senador Leite y el informe del senador Amarilla”, mencionó.
En todo momento, Amarilla, a quienes sus colegas de la oposición le criticaron la parcialidad de la propia creación de la comisión y su posterior informe, se defendió diciendo que en él no hacían mella esas críticas y se amparó en que no solo se convocó a integrantes de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), sino a distintas instituciones.
Además, respondió ataques a su comisión, tildando de “rejuntados y huérfanos de calor popular”, a los que cuestionaron la creación de la calificada como comisión garrote. Alardeó de que la tarea hecha en la comisión merece mención de placa.
Informe sectario. El senador Ignacio Iramain consideró que más que informe sobre hechos de lavado de dinero y crímenes conexos, la comisión sirvió para mostrar la deficiencia institucional “algo que ya se sabía”.
“Desde el inicio había un sesgo ideológico y se sabía que la intención apuntaba a destruir a las organizaciones de la sociedad civil, como política conservadora para poder anular el control del poder político autocrático que se está gestando en el mundo”, dijo.
