07 sept. 2025

Con chicanas, políticos retrasaron causas por años y no fueron a prisión

Casos que podrían quedar prescriptos siguen siendo dilatados por legisladores y ex legisladores. En uno de ellos tardaron 7 años en decidir si va o no a juicio, lo cual a la fecha no se concretó.

El 6 de setiembre del 2014, la Fiscalía acusa al entonces senador Enzo Cardozo (PLRA) por un supuesto desvío de casi G. 68.000 millones cuando estaba al frente del Ministerio de Agricultura (MAG). Hasta el momento, no hay justicia por las incontables dilaciones en los últimos años y el caso podría prescribir. La misma suerte corren otras causas de políticos, quienes la prisión solo la ven de lejos.

Cardozo logró trabar varias veces su audiencia preliminar y el caso quedó parado hasta febrero del año pasado, en que rastrearon el expediente y pudo fijarse fecha para la audiencia, que se realizó en abril del 2021.

El juez Gustavo Amarilla rechazó los incidentes planteados en el caso y elevó a juicio oral el caso donde está procesado el parlasuriano, acusado de lesión de confianza y estafa, junto a Rody Godoy (también ex ministro) y Maristela Azuaga.

Los procesados apelaron la elevación a juicio, alegando que el caso ya está prescripto; sin embargo, el Tribunal de Apelación ratificó que deben enfrentar el juicio.

Además, tiene otra causa, por un desvío de G. 3.600 millones en el MAG, junto a otros procesados, pero hace unos días se dio trámite a una acción de inconstitucionalidad contra la elevación a juicio oral.

El actual integrante del Parlasur nunca fue a prisión, ya que la Fiscalía había pedido medidas alternativas.

DILATA CONDENA. Otra persona que chicanea su causa es el ex senador colorado Víctor Bogado, quien en mayo del 2019 fue condenado a un año de cárcel, con suspensión, por cobro indebido de honorarios, y debe pagar G. 480 millones. La causa es conocida como Niñera de Oro.

La semana pasada, nuevamente planteó una acción de inconstitucional contra el rechazo de una revisión a su sentencia, ya que alega ser inocente y continúa dilatando la condena desde hace 3 años.

En el caso, se demostró que su niñera aparecía como funcionaria del Congreso y cobraba más de G. 13 millones. El senador facilitó ese cobro.

Sin embargo, todavía no quedó firme la condena, ya que Bogado siguió con las chicanas.

Al presentar la acción de inconstitucionalidad, Bogado sostuvo que el rechazo de la revisión quebranta el sistema de derechos y garantías, como presunción de inocencia.