Semanas atrás el Poder Ejecutivo presentó al Congreso el Proyecto de Ley de Suministros y Contrataciones Públicas. Debido a la urgente necesidad de mejorar la calidad y la eficiencia del gasto público en nuestro país, es importante comprender la situación de las compras y contrataciones públicas y los cambios necesarios para lograr que el Estado compre bienes y servicios de mejor calidad al menor costo posible y reciba los insumos que requiere en el momento adecuado para mejorar la calidad de los servicios públicos.
Es importante comprender la problemática. Todos hemos leído o escuchado sobre hechos llamativos o inexplicables en algunas compras realizadas por distintas instituciones públicas, como la adquisición de los insumos médicos chinos al inicio de la pandemia, la pasarela de ñandutí sobre la avenida Ñu Guasu, el software de gestión hospitalaria para el IPS de Ciudad del Este y tantos otros en todos los años anteriores.
En cada uno de estos casos, el Estado compró algo que no necesitaba, o compró a un costo excesivamente elevado, o adquirió un bien o servicio de mala calidad, o no le entregaron a tiempo. Estos hechos reflejan una mala gestión de las compras públicas que en la mayoría de los casos son resultado de otros factores subyacentes que afectan la gestión de los administradores públicos como el amiguismo, influencias externas en la decisión, conflictos de intereses, corrupción administrativa, etc. Estos factores distorsionan los procesos y se despilfarran recursos públicos que son cada vez más escasos.
La actual Ley de Contrataciones públicas fue un importante avance respecto al régimen vigente anteriormente cuando se implementó en el año 2004. Su aporte principal fue dotar de mayor transparencia a cada una de las compras realizadas, con la creación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y la implementación del portal de contrataciones. Sin embargo, no fue suficiente para lograr que el Estado compre productos y servicios de mejor calidad al menor precio posible.
En el año 2018, técnicos especializados del Banco Mundial hicieron una evaluación del sistema de compras públicas de nuestro país. Luego de analizar todas las compras realizadas entre los años 2012 y 2016 por todos los organismos y entidades el Estado, concluyen que con ciertos cambios regulatorios y de gestión es posible generar ahorros de entre un 14 y 18% del valor total de las compras realizadas que representaría entre USD 320 y 400 millones anuales, o sea, alrededor del 1% del PIB de sobrecostos que está teniendo el Estado por mala gestión de las adquisiciones. Encontraron ciertos factores de alto impacto en estos resultados como: El corto plazo que se le da a los proveedores para presentar ofertas, la concentración de las licitaciones en algunos meses del año, las compras dispersas en pequeñas cantidades de ciertos productos y servicios de uso transversal imposibilitando lograr economías de escala, etc. En un análisis puntual de las compras de automóviles y equipos informáticos encuentran una enorme dispersión en los precios entre las instituciones compradoras. Para modificar las estrategias, aplicar mejores prácticas en la gestión y minimizar el impacto de factores externos a los procesos de compras, se requiere fortalecer el poder normativo de la Dirección de Contrataciones Públicas, una mayor integración con el Ministerio de Hacienda y la prohibición y penalización de actividades de tráfico de influencias, la presencia de conflictos de intereses y las prácticas de corrupción administrativa.
Estos y otros aspectos relevantes son incorporados en el proyecto de Ley en estudio en el Congreso. En el combate a la Covid-19 hemos utilizado el margen de endeudamiento prudente que tenía el Estado paraguayo. Por ello, es necesario mejorar sustancialmente la calidad y eficiencia del gasto público en adelante. Cada guaraní de ahorro será muy importante y ayudará a generar confianza en la ciudadanía y en los contribuyentes en el Estado respecto al uso de los recursos en la prestación de servicios, que son fundamentales para el desarrollo económico y social del país. Ojalá el Congreso la apruebe lo antes posible.
