Editorial

Complicidad en el caso Portillo le resta autoridad al Gobierno

El hecho de que un viceministro de Salud que exigía el cumplimiento de normas sanitarias ante la pandemia del Covid-19 las haya desobedecido de una manera tan flagrante y escandalosa no debería ser sancionado solo con la aceptación de su renuncia. El ministro Julio Mazzoleni debió destituirlo automáticamente y denunciarlo ante la Fiscalía. Tanta permisividad, impunidad y complicidad entre los integrantes del poder, mientras se castiga a la gente común, solo restan autoridad a las instituciones del Estado y llevan a una pérdida cada vez mayor de autoridad. Es hora de que se hagan cambios, no solo de las personas, sino principalmente en la forma de conducir el país, antes que la ciudadanía exprese su hartazgo de manera más radical.

El escandaloso caso en que se ha visto envuelto el ahora ex viceministro de Salud, Juan Carlos Portillo, al aparecer en un video participando del cumpleaños de su pareja sentimental junto con un grupo de personas, sin cumplir las medidas de distanciamiento social, del uso de tapabocas y de no tener contacto con gente ajena al círculo social diario, entre otras medidas que él mismo exigía asiduamente en el contexto de la pandemia del Covid-19, es un hecho grave que no puede quedar solamente en la aceptación de su renuncia.

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, en lugar de informar sobre la aceptación de su renuncia con un escueto posteo en Twitter, sin más explicaciones, debió haberlo destituido directamente y remitir los antecedentes del caso ante el Ministerio Público y solicitar la apertura de un proceso judicial. No hacerlo es dar una imagen de permisividad, impunidad y complicidad entre los amigos del poder, que se suma a otros casos similares, mientras se castiga con rigor a la gente común.

Entre algunos de los hechos más recordados está el caso del empresario Karim Salum, del entorno del ex presidente Horacio Cartes, a quien se separó preferencialmente de los demás pasajeros a la llegada de un vuelo humanitario desde el extranjero y se le permitió ir directamente a su casa, mientras el resto debió ir a cumplir la cuarentena en albergues. Solo tras las críticas de la ciudadanía hubo una intervención y se corrigió el privilegio, pero el caso se diluyó sin mayores consecuencias.

Otros casos sonados fueron los de posibilitar el acceso directo mediante un protocolo especial al ex presidente argentino Mauricio Macri para una entrevista privada con el ex presidente Cartes, en actos de recibimiento en los que no se utilizaron tapabocas ni se cumplieron otras normas sanitarias, y el más reciente caso del casamiento de la hija de Cartes, en donde según denuncias también se incumplieron las medidas dispuestas en la ley y en decretos del Gobierno, pero ni el Ministerio de Salud, ni la Fiscalía, ni la Policía se atrevieron a intervenir y controlar.

El caso del doctor Portillo es aún más grave, ya que se trata de quien en ese momento ejercía como viceministro de Salud, alguien que debía dar ejemplo y mostrar pautas de comportamiento a la población. Al exhibir una actitud abiertamente violatoria de las normas que él exigía respetar, se está mostrando de nuevo que en este país la ley rige para los ciudadanos comunes, pero no para los integrantes del poder. La tibia, condescendiente y cómplice actitud asumida por su superior, el ministro Mazzoleni, refuerza aún más esa imagen de abierta complicidad. ¿Con qué autoridad se va a seguir reclamando a la ciudadanía que cumpla las normas sanitarias, cuando las propias autoridades las violan y son perdonadas por hacerlo?

En el riesgoso y grave contexto de aumento de contagios de Covid-19 y del número de fallecimientos como consecuencia, es hora de que se hagan cambios, no solo de las personas, sino principalmente en la forma de conducir el país, antes que la ciudadanía exprese su hartazgo de una manera más radical.

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