El Ministerio de Justicia apeló las dos tutelas jurisdiccionales dispuestas por los jueces de Ejecución, ambas de Asunción, dictadas a favor de más de 650 internas del Complejo de Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (Comple).
El argumento de los recursos es que los plazos son imposibles de cumplir, que necesitan un proceso. Evidentemente, esto es una total irresponsabilidad gubernamental, ya que lo que se les pide es que se les provea de alimentos y agua potable a las reclusas, a más de otras condiciones básicas, como conocer los reglamentos de la institución.
En otras palabras, necesitan un plazo mayor para poder cumplir con estos puntos. Mientras tanto, ¿cómo se alimentan las mujeres?, ¿cómo acceden a agua potable en el complejo que fue publicitado como modelo por el Ministerio de Justicia?
En la visita que hicieron las juezas de Ejecución al Comple, según las fuentes, pudieron constatar que eran solo 4 cocineras para más de 650 privadas de libertad, porque el contrato para las otras cuatro ya no estaba vigente. Es más que evidente que las cuatro cocineras, por más buenas que sean, no tenían la experiencia ni la capacidad física para hacer comida para tantas personas.
Además, el complejo fue construido hace ya dos años, antes de ser habilitado, por lo que no se previó el mantenimiento especialmente de las tuberías. De esta manera, cuando llegaron las internas, el agua de las canillas salía sucia y muchas de ellas tuvieron problemas de salud por beber ese líquido.
A esto se suma que, siempre según fuentes judiciales, cuando las mismas fueron trasladadas en forma apurada en horas de la noche, a cada interna le dijeron que eligieran 12 prendas de todas las que tenían para llevar. Sin embargo, según contaron las mismas a los magistradas, al llegar solo les dieron dos. Las otras vestimentas fueron repartidas a las mujeres de menores recursos.
Además, entre las quejas constatadas en el Comple por las magistradas de Ejecución están que las camas que tenían las celdas, hechas de cemento, no tenían escaleras, por lo que pusieron a las mujeres de más edad, las más obesas y las que tienen enfermedades en las literas de abajo, y en las de arriba las que podían subir a ellas.
A esto también se suma que varias de las internas recibían visitas de sus familiares en forma periódica, quienes les proveían de comida, ya que el presupuesto del Ministerio de Justicia (G. 9.000 para cada preso, según reconoció el ministro en el Parlamento), no les alcanza para darles de comer a todos.
Las visitas se cortaron de forma abrupta, y las mujeres que ya estaban en el periodo de prueba, que tenían ciertas libertades, porque se preparaban para su readaptación a la sociedad, quedaron sin estos privilegios, lo que fue un retroceso para ellas.
Incluso, según las fuentes, el Ministerio de Justicia denunció penalmente que se robaron varias de las cosas de propiedad de las internas que estaban en el Hogar Nueva Oportunidad, por parte de funcionarios, aunque este dato no fue confirmado.
Con todo esto, lo bueno es que no se armara un motín en el Comple, con este abrupto cambio que tuvieron desde el Buen Pastor.
El Estado es el encargado de darle un ambiente digno a las personas privadas de su libertad. No es que se quiere que estén en un palacio, o algo así, pero por lo menos deben darles de comer y esto no puede requerir un proceso.
Ayer, en el juicio oral contra presuntos torturadores stronistas, una de las testigos contaba que les llevaban comida a sus familiares presos en Investigaciones de la Policía, pero la comida nunca les llegaba, decía. Ahora, en democracia, a estas personas tampoco les alcanza el alimento, ni tienen agua potable.
Lo peor es que las magistradas de Ejecución, a través de esta figura de tutela jurisdiccional, les piden que por lo menos tengan condiciones básicas, y la respuesta del Gobierno es que es imposible.
