La Dirección de Análisis de la Información Estratégica de la Fiscalía cuenta de forma clara y graficada cómo iban pasando en grupos los expedientes de la mafia de los pagarés de una persona a otra.
Según el informe, se operaba de la siguiente manera: Un abogado preparaba la acción preparatoria de juicio ejecutivo y la presentaba ante el juez, quien providenciaba y enviaba el expediente al actuario judicial, para que certificara su firma.
Luego, un ujier notificador “informaba falsamente” sobre la notificación al demandado, y pese a eso, el abogado instaba al juez a sacar la resolución donde se tenía por cierta la firma que estaba en el pagaré.
La jueza Carmen Analía Cibils, presuntamente involucrada en la trama, “dictaba resoluciones acordes a las pretensiones de la parte actora”, sin que el demandado tuviera conocimiento de la citación.
Esta situación se repetía en diferentes etapas del proceso, incluso en la acción ejecutiva.
ACUSADOS. La Fiscalía presentó la semana pasada a 61 personas, entre ellas, a cuatro jueces, ujieres, actuarios, oficiales de Justicia y abogados de empresas de cobranza.
De parte del Juzgado de Paz de la Catedral 2° Turno está procesada la jueza Nathalia Garcete, junto a 13 personas. La magistrada habría dictado irregularmente resoluciones en 97 expedientes.
También está como sospechosa, la ahora ex jueza Lilian González de Bristot (del Juzgado de Paz de San Roque), junto a 17 personas.
Como también la jueza Carmen Analía Cibils (Juzgado de Paz de La Encarnación), junto a 16 personas, y el ahora ex juez Víctor Nilo Rodríguez (del Juzgado de Paz de La Recoleta), junto a 11 personas.
LAS FUNCIONES
DE LAS CASAS DE COBRANZAS
• Los abogados de las empresas de cobranzas o de créditos son los que usualmente compran pagarés no saldados de casas comerciales, y se encargan de reclamar el pago a través de juicios ejecutivos que inician en los diferentes Juzgados.
• Al demandar, deben presentar los pagarés (que no hacían). Una vez que se sabía en qué Juzgado quedaban los juicios, juntaban todos los expedientes y los entregaban “en paquetes” a los jueces. Ellos ya redactaban la primera providencia y los magistrados solo “firmaban”, ordenando notificar al deudor para reconocimiento de su firma.
• Allí, los abogados llevaban ya elaboradas las cédulas de notificación a los ujieres y estos solo sellaban y firmaban, sin notificar, y sin que el deudor sepa del juicio.
• A la par, ya que el demandante debe pagar para notificar, estos entregaban el dinero a los ujieres.
• Durante todo el proceso de ejecución, eran las empresas las que tenían en sus depósitos los expedientes, redactaban los documentos que los funcionarios y jueces “solo firmaban” y así lograban embargar a los deudores.
DE LOS JUECES
• Solo se encargaban de firmar las providencias y las resoluciones que llevaban ya hechas los abogados de las casas de cobranza.
• Una vez que se hacía la supuesta notificación, y el actuario informaba que sí se notificó al demandado, los jueces sacaban otra resolución, disponiendo la intimación de pago a los deudores y luego, los embargos.
• Los fallos eran “siempre acorde con la pretensión del demandante”.
• Incluso, según la acusación de la Fiscalía, los magistrados eran los que controlaban el pago de notificaciones, que era el centro de la recaudación para los funcionarios judiciales.
• Estos manejaban en cámaras de circuito cerrado con micrófono todo el movimiento de pago. Por último, terminaban recibiendo el 70% de esa supuesta notificación.
FUNCIONES DE LOS UJIERES
• En los juicios ejecutivos, los ujieres deben notificar: La citación para reconocimiento de firmas, la resolución de inicio de juicio ejecutivo, la citación a oponer excepción y la sentencia.
• Tienen que ir a los domicilios de los deudores, pero los ujieres no salían de los Juzgados, sino que solo recibían las cédulas de notificación, ponían sello y firma, e informaban que sí realizaron la diligencia.
• Si es en Asunción, el costo por notificar es de G. 27.000. Y como las empresas llegaban a pedir notificar en 1.300 expedientes de una sola vez, el monto pagado superaba los G. 35 millones, dinero que quedaba para el Juzgado. Sin embargo, si se trataba de “empresas grandes”, estas tenían un descuento.
• El monto era entrada directa, ya que las notificaciones no se hacían, por lo que no gastaban en combustible ni viático.
ABOGADOS
Juzgado La Catedral
2° Turno
•Sun Yung Bang (Plan Urbano SA)
•Carlos Neffa Persano
(Gestiones y Cobranzas SA)
•José Olmedo Lansac, Juan Bogado y César Bogarín (Carsa)
Juzgado La Encarnación
•Ángel Cino (Nexo SA)
•Gabriela Vespa
(Sistemas de Cobranzas SA)
•José Fuster (Bristol SA)
•Gabriel Ojeda (Credi Clave)
•Leticia Núñez (Cumplo SA)
•Lourdes Aranda (Aureus SA)
•Diana Molinas (Global Enterprises Paraguay SA)
Juzgado Recoleta
•Blas Rodríguez (Satec)
•Silvio Miranda (Credifiel SA)
•Robert Santacruz, Patricia Parodi y Luis Benítez (Cooperativa San Cristóbal)
•Sebastián Benítez (Carsa).
Juzgado San Roque
•Cynthia Gaona (Litoral Trading SRL)
•Carlos León (LAB SA)
•Gerardo Stockel (Nexo SA)
•Fátima Ojeda (Mi Paraguay SA)
•Eliana Rodríguez (Carsa)
•Marta Martinessi (Chacomer SAE)
•Mario Rojas (San Cristóbal Ltda.)
•Pedro Cano (Serfin SA)
•Félix Gill (Cobranzas eficientes y oportunas SA)
UJIERES
• Arturo Ayala
• Jorge Montiel
• Fernando Cáceres
• Ingrid Prette
• Heber Cardozo
• Mariam Ortiz
• Alfredo Samudio
• Édgar Ayala
