El senador Dionisio Amarilla, titular de la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso Nacional, conocida como comisión garrote, informó que remitirá al Gobierno de Estados Unidos el informe final sobre las oenegés. Además, defendió que la comisión aprobó el uso en “salarios” de los fondos extranjeros. En el resumen en tanto el informe establece que no pudo conectar hechos punibles sobre financiación política a través de las oenegés, hechos que motivaron en principio la investigación.
El informe final de más de 70.000 páginas sobre el uso de fondos de cooperación internacional en Paraguay serán remitidos a EEUU, según relató Amarilla, quien puntualizó el uso de los fondos en gran parte para el pago de salarios y viáticos de directivos de oenegés, en lugar de aplicarse en los sectores que debían fortalecerse, como el Poder Judicial o la Contraloría General.
“Confirmamos que de los 52 millones de dólares que en nombre de la República del Paraguay se recibió para generar impactos positivos (…) en realidad fueron destinados mayoritariamente al pago de salarios de quienes están al frente de esas oenegés”, denunció Amarilla.
El legislador citó entre los responsables a Marta Ferrara, Ezequiel Santagada y Miguel Carrizosa, a quienes señaló como beneficiarios de remuneraciones superiores incluso a las de un ministro del Poder Ejecutivo, a pesar de administrar fondos considerablemente menores. Según el informe de la Comisión, el 71% del total fue a parar a salarios, consultorías, combustibles, viáticos y premios.
Omisión, opacidad y vínculos políticos
Amarilla criticó que muchas de las oenegés se negaron inicialmente a entregar información a la comisión, alegando “persecución política”. Sin embargo, mencionó que otras sí lo hicieron, como la organización Fecoprod, la cual, según dijo, “demostró que aplicó de manera fehaciente y conforme a los términos del convenio” los recursos recibidos.
El informe también proyecta contratos de figuras vinculadas al ámbito político, como Ester Roa y Benjamín Fernández Bogado, quienes, según Amarilla, formaron parte del esquema de autorremuneración.
“¿Acaso quienes trabajaron para mejorar la morosidad del Poder Judicial detectaron, olieron o tangencialmente se dieron cuenta de la mafia del cobro de pensiones alimentarias? Ninguno”, cuestionó.
Por estas razones, anunció que el informe será entregado también al Gobierno de Estados Unidos, país que financió el programa de cooperación.
“Si tengo que viajar a EEUU a entregar ese informe, lo voy a hacer”, afirmó.
Trazabilidad de armas, contra la DNIT
Otro eje abordado por la comisión garrote fue el de la importación y el tráfico de armas, un negocio que, según Amarilla, opera con márgenes de ganancia del 200% y sin trazabilidad financiera adecuada, según el informe de la Digemabel (ex-Dimabel). Indicó que entre 2022 y 2024 se importaron armas por un valor de USD 100 millones, pero que el sistema financiero paraguayo no permite justificar esas operaciones mediante el mecanismo SWIFT, dejando a los importadores “llevando plata en maletines”.
El senador responsabilizó a instituciones, como la Superintendencia de Bancos, la DNIT y la Seprelad, por no articular un sistema de control efectivo que permita seguir el origen de los fondos.
“En el caso de armas, jamás se profundizó en cómo solucionar esto para tener la trazabilidad (…). Si hay un punto donde tenemos que poner una lupa, es en la importación de armas”, se explayó.
También apuntó directamente al director de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, a quien acusó de negar información sobre si el narcotraficante Cabeza Branca tenía o no RUC habilitado.
“Se ha extralimitado en sus aseveraciones. Bajo el pretexto de la confidencialidad tributaria, nos negó datos claves para una investigación de interés público”, atacó.
Revisión legal y llamado al pleno
Finalmente, Amarilla planteó que el Congreso debe revisar el régimen de confidencialidad tributaria que actualmente impide acceder a datos fiscales de personas investigadas por narcotráfico o lavado de dinero.
“No nos parece prudente que la DNIT siga con esa política. Mañana, otra comisión puede necesitar esa información”, acotó.
Con un informe ya aprobado, Amarilla reiteró que lo trasladarán a las instituciones locales correspondientes y al Gobierno de Estados Unidos.
“Hicimos los méritos para llevar este informe allá”, concluyó.
