En ese sentido, una de las líderes de la organización, María Esther Roa, dijo que el año 2019 fue muy positivo para el país y en especial para el grupo CACE. “Hemos logrado consolidar un pequeño grupo de ciudadanos pensantes, realistas y por sobre todo comprometidos con el país”, indicó la abogada.
Destacó que una de las victorias es la propuesta del grupo en relación de un observatorio de hechos punibles de corrupción pública de los casos más emblemáticos.
Mencionó también la intensificación de los controles de los procesos penales por corrupción pública. “Hoy se están dando señales, pues tenemos audiencias y juicios orales que sí bien es cierto, siguen con chicanas, pero con el control estamos consiguiendo que se resuelva en el menor plazo”, remarcó.
Roa citó en ese sentido como los logros de la organización las mesas de trabajo con la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público.
CONTROL CIUDADANO. Enfatizó que en el 2019 lograron abrir una mesa de trabajo con la Contraloría General de la República, y ya iniciaron las capacitaciones en las ciudades sobre veeduría ciudadana, para el control en los gastos de Fonacide y royalties e ingresos propios de los municipios.
“De esa manera empoderar a los ciudadanos a involucrarse y comprometerse en el combate a la corrupción en sus distritos. Estamos trabajando con aproximadamente 50 referentes de distintos distritos del país; es así como iremos instalando esa conciencia en el rol importantísimo que poseemos cada ciudadano”, aseveró.
Sostuvo que dichos logros se dan gracias a un grupo de personas que están instalando que para que cese la impunidad se debe controlar los procesos penales y de esa manera se podrá erradicar la corrupción.
En su evaluación, Roa hizo referencia a que solicitaron la creación del botón de pánico en el Poder Judicial y que fue aprobado en la última plenaria. Explicó que se trata de un mecanismo para comunicación de la ciudadanía en general a la justicia, con respecto a los casos emblemáticos de corrupción, no jurídico sino orgánico.
Dijo que se verán los mecanismos para implementar la creación de un número para que cualquier persona pueda llamar y realizar reclamos, no respecto a lo jurídico sino a los problemas fácticos, físicos o materiales que impidan o tranquen el desarrollo de los procesos.
Igualmente Roa señaló que dieron su aporte a la Corte, a través de proyectos sobre control de los procesos penales sobre corrupción pública. “Estamos obteniendo resultados positivos en los juzgados para que se dé apertura al ciudadano comprometido que quiera participar en las audiencias preliminares; que deben ser públicas porque así reza en nuestra legislación”, acotó al tiempo de añadir que el Ministro Manuel Ramírez Candia se pronunció al pleno de la Corte que las audiencias preliminares deben ser públicas.
El año pasado, los miembros del CACE realizaron escraches ante las viviendas de Miguel Cuevas, Dionisio Amarilla, Tomás Rivas, y otros legisladores, como así también a los González Daher.
Lo hicieron frente al Ministerio Público, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y la propia Corte Suprema de Justicia, reclamando que se aclaren los hechos de corrupción y se castiguen a los responsables.
Con la Contraloría buscamos empoderar a los ciudadanos en el combate a la corrupción en sus distritos.
Hemos logrado consolidar un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos con el país. María Esther Roa, líder CACE.