La diputada cartista mencionó que cursarán invitación a Alcaraz para conocer el parecer de esta institución estatal que, precisamente, ya ejerce control con las leyes existentes según las organizaciones afectadas. “Vamos a convocar a la doctora Alcaraz para que también sea parte de este momento importante para la República y para que también aborde con nosotros ese tema. Por eso también estamos insistiendo en su venida ya fijada para el próximo martes”, afirmó.
Según Villalba, no existe apuro para tratar el proyecto por parte de la Cámara, no sin antes convocar a las instituciones pertinentes y que conozcan del tema, con el objetivo de formar una opinión acabada.
“Escuchar ampliamente a todos. Nosotros vamos, como Comisión de Presupuesto, a reunirnos y le invitamos al equipo técnico y convocarles a todos los que quieran abordar con nosotros ese tema.
Por último, fue tajante en que sí cree que todo órgano que recibe fuentes del Estado debe abrirse al control.
“Escucharemos a todos, pero aquí el que maneja presupuesto no tiene que estar ajeno al control”, apuntó.
Dijo que para las modificaciones a ser dispuestas, primero deben debatir en bancada. Tampoco dio razón del porqué el cartismo no participó de la audiencia pública con las oenegés.
“Entonces vamos a estar abiertos a que vengan y nos digan cuándo y dónde hacen uso de esos presupuestos. Allí en comisión van a tener agenda libre quienes quieran venir”, argumentó.
Las organizaciones que no persiguen lucro y a quienes apunta esta ley han tildado de dictatorial y persecutoria la normativa en estudio. Los principales cuestionamientos radican en que, pese a que la medida se presenta como una herramienta para el control, el control ya existe e intervienen varias instituciones. Se extralimitan en exigir responsabilidades. Traslada la ineficiencia de Estado a la ciudadanía.
Amnistía. Amnistía Internacional advierte que el proyecto viene de la mano de una oleada a nivel internacional que ataca al espacio cívico, incluyendo “la implementación de regulaciones que imponen restricciones arbitrarias e indebidas a las organizaciones, asociaciones y colectivos de la sociedad civil”.
