Durante una conferencia de prensa, la ministra Recalde sostuvo que la medida ya tiene media sanción por parte del Senado, pero que impacta en limitar descuentos de los trabajadores del sector público, ahora se debe replicar en el sector privado. No obstante, reconoció que la intención requiere un amplio debate del sector privado, los trabajadores con la mediación del Legislativo y Ejecutivo.
“Buscar reducir (mediante ley) también para el sector privado los porcentajes a los cuales sus salarios, sus ingresos puedan ser descontados o puedan ser embargados, es un tema que nos preocupa. Es un tema que nos preocupa porque la clase media necesita ser protegida de sus ingresos, así como dice la Constitución Nacional y vamos a estar trabajando también para que de la misma forma que el sector público”, indicó.
El propósito para la ministra es que los trabajadores del sector privado se sentirán tentados a formalizarse una vez haya garantías de que no todo su dinero en deudas pueda ser embargado. Además, impactará en la garantía del deber alimentario y también en acceso a créditos de la vivienda, por ejemplo, en la medida que detrás de pago del IPS en el sector privado se vayan formalizando.
“También los trabajadores del sector privado puedan tener también esas ventajas, siempre protegiendo, por ejemplo, un interés superior, que es el interior superior del niño, donde hay descuento por prestaciones alimentarias eso queremos salvaguardar, quiero dejar en claro. Pero también que no sean abusivos los descuentos a los que están sometidos los trabajadores”, señaló.
Abordó el hecho de cómo se presenta hoy la tabla de descuentos establecida por ley y que así como se presenta el trabajador que percibe el sueldo mínimo, tiene una disminución importante de sus ingresos.
“Hoy, por ejemplo, la ley, el código laboral permiten un descuento hasta el 50% del salario del trabajador en varios conceptos incluidos judiciales, más un descuento del 9% que es el aporte al seguro social que también es obligatorio y si hay préstamos, esto realmente lleva a un trabajador a cobrar solamente un 30 o un 20% de su salario. En el caso de que dan un salario mínimo estamos hablando casi de G. 500 a G. 600 mil”, señaló.
Agregó que con eso “es imposible subsistir y en esa realidad nosotros reconocemos y estuvimos hablando, justamente, con el presidente (Basilio) Núñez sobre ese asunto y consideramos que es muy pertinente trabajar”.
Topes de descuento
La ministra dijo que evalúan el tope de descuentos que se puede imponer al salario de los trabajadores.
“Establecer límites por topes de ingreso, un trabajador que dan a un salario mínimo que llegue entre 25 o 30% más, proteger el interior superior del niño, ver las cuales son los créditos prioritarios, las cuales se le debes contar primero y ir trabajando también en otro tipo de descuento que hoy están sujetos los trabajadores para que puedan tener también un límite de acceso o financiamiento”, indicó.
Recalde dijo que esto se debe abordar en un nuevo proyecto y no que forme parte de la modificación del actual proyecto en curso que tiene énfasis en el público
Dijo además que en esta discusión se debe involucrar a la justicia, precisamente dado el contexto de la mafia de los pagarés.
“Involucrar también a la Justicia a los jueces laborales, en ese sentido, y a los jueces de ejecución de cómo vamos a trabajar porque toda la ciudadanía conoce la problemática de la mafia de los pagarés que han vivido nuestros trabajadores”, sostuvo.
Adelantó que la presentación se haría en 20 a 22 días.
El proyecto con media sanción
La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de Ley “Que establece procedimientos y límites para la autorización de descuentos y traba de embargos sobre salarios y remuneraciones por servicios personales pagados en organismos y entidades del Estado”.
La senadora Lilian Samaniego, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, explicó que el objetivo de esta iniciativa es establecer límites y procedimientos claros mediante los cuales un empleado público o una persona designada para un cargo electivo o de conducción política pueda autorizar descuentos o retenciones directas sobre su salario o remuneración por servicios personales.
