El juicio versa sobre el denominado caso Sobornos 2012-2016, que salpica igualmente al ex vicepresidente Jorge Glas, en prisión por asociación ilícita en la trama de sobornos de la firma brasileña Odebrecht.
El panel de jueces analizará si hubo financiación ilegal del movimiento político oficialista cuando estuvo bajo el mando de Correa, que ha calificado “de payasada” este nuevo proceso judicial que lo salpica.
La defensa legal del ex mandatario que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017 planteó un recurso de recusación al considerar que los jueces designados para el juicio no eran competentes y criticó supuestas irregularidades tanto en la forma como en los tiempos en que se dio a conocer el tribunal.
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El panel está integrado por los jueces Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez, que escucharon a las partes procesales en sus alegatos iniciales antes de que por la tarde procedieran a conocer la presentación de testimonios, precisó la Corte Nacional.
El principal letrado de Rafael Correa, Fausto Jarrín, indicó a los medios durante un receso, que consideraba que el tribunal debería suspender la audiencia.
“Debería suspender la audiencia, dejar en suspenso sus competencias para que se resuelva la recusación”, afirmó.
El interpelado si el recurso respondía a una estrategia para dilatar el proceso, el defensor manifestó que ejercería “todos los derechos” a su alcance, como “por ejemplo dudar de la imparcialidad de un tribunal”.
Argumentó que parte de los cuadernos procesales se encontraban en manos de otro tribunal, lo que según él, arroja dudas: “Así no se puede confiar en el tribunal ni en su competencia”.
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La fiscala general del Estado, Diana Salazar, esgrimió durante la presentación de su alegato que “entre los años 2012 y 2016, once funcionarios públicos y una decena de representantes legales, accionistas, apoderados o relacionados con empresas extranjeras contratistas con el Estado, adecuaron su conducta en el grado de autores y cómplices en el delito de cohecho”.
Si el juicio concluye con una sentencia en firme antes del próximo mes de noviembre, Correa no podrá ser candidato a los comicios presidenciales de 2021.
La acción judicial se extiende asimismo a varios de los colaboradores de Correa durante su mandato como Vinicio Alvarado, Alexis Mera y Walter Solís.
