Un nuevo e inesperado giro adquirió la crisis política desatada tras la revelación del acta bilateral sobre compra de energía firmada en secreto con el Brasil, al conocerse ayer que los hasta entonces fuertemente enfrentados movimientos internos de la ANR, Colorado Añetete (liderado por el presidente Mario Abdo Benítez) y Honor Colorado (liderado por el ex presidente Horacio Cartes), han decidido unirse para evitar que prospere el juicio político al presidente y al vicepresidente, que está siendo impulsado por los principales partidos políticos de oposición, con apoyo de sectores ciudadanos.
Los dirigentes colorados sostienen que el actual pacto es una manera de defender a los gobernantes de su partido elegidos en las urnas y evitar que, en el caso de que prospere el juicio al presidente y al vice, el Gobierno caiga en manos del opositor Partido Liberal, ya que el tercero en la línea de sucesión presidencial es el actual titular del Congreso, el senador liberal Blas Llano, quien podría acabar gobernando por el resto del periodo.
Los colorados tienen el legítimo derecho de defender a sus dirigentes y además existe un gran sector de la población que considera que un juicio político a ambas cabezas del Ejecutivo ocasionará grandes perjuicios al país y al sistema democrático. Sin embargo, la pretendida estabilidad no puede ser construida sobre la base de la impunidad, y por lo que se advierte en la manera en que se está dando el nuevo “abrazo republicano” entre los hasta hace poco adversarios, el intento conlleva también el propósito de blanquear las graves responsabilidades que afectan principalmente al vicepresidente Hugo Velázquez, a pesar de que el mismo aparece gravemente comprometido en hechos que pueden configurar delitos de tráfico influencia y lesión de confianza, sin hablar de lo que muchos consideran como traición a la patria.
Como este diario y la mayoría de los medios de comunicación lo han venido publicando, además del acuerdo realizado en forma secreta con el Brasil –que luego del escándalo ha sido anulado–, con puntos que han resultado lesivos para el Paraguay en la compra de energía de Itaipú, se ha descubierto que existió un intento de privilegiar a una empresa brasileña, presuntamente vinculada a la familia del actual presidente del vecino país, Jair Bolsonaro, en donde apareció como intermediario un joven abogado que decía ser representante y asesor jurídico del vicepresidente Velázquez. Aunque la Fiscalía ha iniciado una investigación al respecto, la manera lenta en que lo está llevando a cabo y los errores cometidos desde el inicio, al citar al principal involucrado para prestar declaración testifical y no indagatoria, permiten sospechar que se busca más encubrir que descubrir.
De esta manera, si además de tratar de evitar el juicio político el nuevo pacto entre los colorados busca igualmente frenar la investigación en la Fiscalía y tapar los graves hechos ocurridos que mantuvieron en vilo al país, ocasionará un perjuicio aun mayor a la credibilidad del presidente Abdo Benítez, pues demostraría que su reiterada frase “caiga quien caiga” es solo parte de un discurso hueco y vacío. Por eso es importante que la ciudadanía siga movilizada y vigilante, exigiendo transparencia y acción eficaz de la Justicia.
