Así como se está aprobando el presupuesto 2023, la ciudadanía verá pocos cambios en los servicios públicos el próximo año. Al contrario, los aumentos aprobados sin una contrapartida real de ingresos terminarán afectando negativamente a la mayoría de la población.
Gran parte de los recursos asignados se destinan a pagos de favores políticos en un año electoral. De acuerdo con los datos oficiales, tras el dictamen de la Comisión Bicameral y la media sanción de Diputados al Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023, el monto que se desembolsará en sueldos y beneficios ligados alcanza ya los G. 29,64 billones (USD 4.176,2 millones), frente a los G. 29,44 billones (USD 4.148 millones) contemplados inicialmente por el Ministerio de Hacienda.
Este crecimiento en los servicios personales financiará reajustes salariales, creaciones de cargo y desembolsos adicionales en gratificaciones y bonificaciones en un contexto en el que no existe una carrera del servicio civil que garantice que todos estos recursos premien una gestión eficiente o de calidad.
Al contrario, muchas de las instituciones beneficiadas están bajo la lupa ciudadana por su pésima gestión pública, como el propio Congreso, la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Se aprobaron incrementos para guardaparques, no así para enfermería, a pesar de su relevancia para la población. Sin embargo, sí fueron beneficiados funcionarios administrativos de las universidades. En lo que respecta a los cargos, Diputados dio media sanción a la creación de 1.348 puestos, en cuestionadas entidades, y un aumento en los gastos de representación para 425 directores de instituciones educativas oficiales.
Por otro lado, se aprueban rubros que son inadmisibles en la lógica de una gestión de calidad. Cómo es posible que se pague bonificación por insalubridad en un hospital. Una parte de los recursos se destinarán a aumentar estas bonificaciones para el personal de blanco del Hospital Nacional de Itauguá, Hospital de Trauma y Hospital Neuropsiquiátrico. Muchos de estos incrementos en realidad terminan siendo aumentos salariales disfrazados desvinculados de evaluaciones de gestión, lo que significa premios para la ineficiencia, desincentivando a quienes cumplen con sus labores con responsabilidad y compromiso, pero no reciben los beneficios.
La mayoría de estos aumentos responden claramente al año electoral y con el objetivo de beneficiar a la clientela política del funcionariado público. Muchos de estos funcionarios son justamente los que no responden a la institucionalidad pública, sino a los políticos que les consiguieron el cargo y los beneficios salariales.
Los diputados también aprobaron un apartado dentro del PGN 2023, mediante el artículo 62 del proyecto de ley, por el cual, el Parlamento está excluido de cumplir con la Ley de la Función Pública, la normativa que establece que el concurso es la única vía para las promociones de cargo, los contratos y los nombramientos. Y, como si esta excepción no fuera suficiente, los legisladores también decidieron exonerarse de tener que cumplir con la Ley de Racionalización del Gasto, con lo cual, solamente ellos podrán contratar a sus hermanos, primos y otros parientes en puestos claves.
Es una muy mala idea organizar un festín con el dinero público en pleno año electoral. En estos tiempos se exacerban las actitudes prebendarias y se pierde la perspectiva. El presupuesto público está siendo utilizado para el clientelismo político siendo el principal instrumento con que cuenta la gestión pública para garantizar el bienestar de la población.
