El elevado nivel de indignación ciudadana alcanzado en estos últimos días no se habría logrado de haberse mantenido en secreto las maniobras realizadas por el ex presidente de Diputados y hoy senador, Víctor Bogado, para obtener dos envidiables salarios para la niñera de sus hijas, como funcionaria de la Cámara Baja y comisionada en los últimos meses a Itaipú.
O si seguía ocultándose, bajo el blindaje cómplice de los presidentes de ambas Cámaras del Congreso, la planilla de funcionarios del Poder Legislativo, incluyendo sus cargos y remuneraciones.
Mucho menos se habría conseguido tal enfado colectivo si algunos medios de comunicación, con ayuda de la ciudadanía, no realizaban el cruce de datos para descubrir situaciones tan abusivas, como el de la hija de la diputada Perla de Vázquez, que percibe nada menos que 5 salarios de distintas instituciones del Estado, cuando la Constitución prohíbe la doble remuneración del funcionario público.
No habría tanta irritación social en estos momentos si la gente no se enteraba de los jugosos salarios que reciben los hijos, sobrinos, ahijados, vecinos, amigos y “amigas” de las autoridades del Poder Judicial y del Poder Legislativo, ubicados en puestos a los que ingresaron sin haber competido con otros compatriotas que tienen el mismo derecho a trabajar.
Hoy sectores independientes, de izquierda, centro y derecha no estarían sintonizando el mismo deseo de expresar con acciones la indignación ante tantos excesos de quienes ejercen el poder y administran los recursos públicos con tanta discrecionalidad.
¿Cómo asumir postura, si no nos permitían enterarnos de estas y otras prácticas? Para hacerlo hace falta que la información esté disponible, de manera fácil, al escrutinio público. Pero si ni siquiera se cumple este presupuesto, que es uno de los indicadores de la calidad democrática de cualquier país, difícilmente los ciudadanos se sientan impelidos a reclamar, a reprochar, a exigir y a estar siempre atentos ante los actos de gobierno y el comportamiento de sus representantes en el Parlamento Nacional o de quienes imparten justicia en el país.
De ahí lo importante que es mantener vigente el derecho de acceso a la información y, en cuanto antes, lograr que se apruebe una ley que lo reglamente de modo que no solo se publique la lista de los funcionarios públicos, sino toda información vinculada con la administración de los recursos públicos.
Ahora resulta tan evidente repasar los argumentos de legisladores como Juan “Ancho” Ramírez, Julio César Velázquez y de otros “próceres” oponiéndose férreamente a publicar la lista de funcionarios del Congreso.
