Se consideran absolutamente impunes para hacer lo que quieren, solo porque tienen una coyuntural mayoría en el cuerpo legislativo, olvidando que están obligados a ceñirse al mandato electoral y a las leyes. Se burlan abiertamente de los reclamos del pueblo al que dicen representar y como saben que de nuevo van a aparecer en la portada de los diarios, ironizan pidiendo que se los publique con su mejor perfil.
Más que nunca, la Cámara de Diputados de la República del Paraguay se merece el mote que arrastra desde hace tiempo, que es la “Cámara de la vergüenza”. Tras el desatino totalitario de la semana anterior, violando el artículo 191 de la Constitución, que otorga inmunidad de opinión a los parlamentarios, al decidir sancionar a su colega, la diputada liberal Celeste Amarilla, por haber opinado que gran parte de los legisladores ingresaron al Congreso con dinero sucio, en la sesión de este martes volvieron a ratificarse en el mismo despropósito claramente ilegal.
Olvidan olímpicamente que esa misma mayoría viene protegiendo desde hace tiempo a legisladores de sus respectivos bandos que están imputados, acusados o investigados por graves hechos de corrupción, por robos millonarios contra el patrimonio del Estado, pero evitan que puedan perder sus investiduras para rendir cuentas ante la Justicia.
De los 47 diputados colorados y liberales que la semana anterior cometieron la violación institucional, suspendiendo a la diputada Amarilla de sus funciones de legisladora por 60 días sin goce de dieta, esta vez fueron un poco menos: 42. Cinco diputados liberales recapacitaron y cambiaron de postura, pero uno de ellos, el liberal Édgar Ortiz, se mantuvo en la misma actitud totalitaria, al igual que la gran mayoría de los diputados del movimiento Colorado Añetete, que responde al actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y del movimiento Honor Colorado, liderado por el ex presidente Horacio Cartes.
La única excepción ha sido el diputado colorado de Añetete Ramón Romero Roa, quien decidió no avalar la aventura autoritaria de sus correligionarios, sumándose a los 36 votos en contra de diputados de la oposición, que resultaron insuficientes para frenar la violación de la Carta Magna.
La “aplanadora colorada” sigue funcionando, sin importar ir en contra del proceso democrático ni de la voluntad popular. Hay un sesgo de cultura machista en el comportamiento de la mayoría patotera en el cuerpo legislativo. Más que nunca, Diputados es la “Cámara de la vergüenza”.
Los organismos que deberían velar por el respeto a la institucionalidad no funcionan. El Ministerio Público y el Poder Judicial mantienen una actitud cómplice, que pone en riesgo el proceso democrático. Solo la construcción de una conciencia más crítica ante el autoritarismo y una activa movilización ciudadana pueden contrarrestar la soberbia totalitaria de los políticos.
