Expertos del área explican que, en octubre de 2022, Paraguay acordó con el FMI un Instrumento de Coordinación de Políticas (PCI por sus siglas en inglés), que refleja la agenda del país en materia de reformas, tema que fue noticia ampliamente divulgada.
El PCI es un instrumento no financiero (es decir, no implica desembolso de recursos) para mostrar compromiso con un programa de reformas definidas por el país. Por lo tanto, con él no se accede a financiamiento del FMI de manera directa.
Superintendencia. La polémica Ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones remitida al Congreso y promulgada recientemente fue una de las cosas que el Paraguay propuso incorporar como parte del PCI.
Tanto los proyectos de reformas acordados como parte del PCI, así como las fechas para enviarlos al Congreso, pueden ser modificados y ajustados.
“No está escrito en piedra”, detallan, señalan que, de hecho, este PCI tuvo ajustes después de cada misión de revisión (junio/2023 y noviembre/2023).
Reunión. Entre octubre y noviembre de 2023, representantes del gobierno actual de Santiago Peña con su ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, se reunieron con la misión del FMI que vino a evaluar el cumplimiento del PCI.
En esa oportunidad, el gobierno, por su parte, solicitó al FMI acceder a recursos financieros bajo su Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (un instrumento financiero, diferente al PCI).
El gobierno actual, si quería, podía proponer la modificación del PCI con el que se encontró, ya que fue firmado por el gobierno anterior de Mario Abdo Benítez.
Sin embargo, no lo hizo sobre el tema en cuestión, es decir, la promesa de modificar el sistema de jubilaciones y pensiones.
“Decir que se presentó (y aprobó a las apuradas) la ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, por estar atados a un instrumento que hay que cumplir para acceder a recursos, es simplemente mentira. El PCI se puede cambiar. El cumplimiento del PCI no implica acceso a recursos”, afirman.
Indicaron que el PCI solamente compromete al Gobierno a enviar proyectos al Congreso Nacional.
El calendario que se establece entre las partes no implica la aprobación de leyes, sino simplemente un plazo de inicio de la discusión legislativa.
El plazo para enviar este proyecto de ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, según el calendario del Instrumento de Coordinación de Políticas firmado con el FMI era diciembre de 2023.
Solamente enviando el proyecto de ley e iniciar el proceso legislativo, dicho compromiso ya se cumplía, por lo que no es excusa para el poco debate y manejo sospechoso que tuvo para su promulgación.
