Este dato y otros más alarmantes arroja un informe de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) de 2023, que indica que la pobreza extrema afecta a 143.185 niños y adolescentes; es decir, 7,8% de esta población que pasan necesidades básicas.
El documento destaca que la pobreza es más pronunciada en las zonas rurales, donde alcanza al 36,7% de los menores, en comparación con el 29,9% en áreas urbanas. Además, se estima que cerca de 105.262 niños y adolescentes se ven obligados a trabajar, con una marcada mayoría de varones (65,8%).
salud. En el informe se destacan grandes vulneraciones de derechos y desafíos como embarazos de niñas y adolescentes; mortalidad materno infantil y salud mental. En 2023, se registraron 11.102 nacimientos de madres adolescentes, de las cuales 405 tenían entre 10 y 14 años. Este dato resalta la urgente necesidad de mejorar la educación sexual y los servicios de salud para las adolescentes, indica la CDIA.
Asimismo, 1.096 niños menores de un año fallecieron, siendo las principales causas malformaciones congénitas y complicaciones durante el parto. El informe también señala que 58 menores entre 10 y 19 años se suicidaron en el transcurso del año.
En lo referente a la situación nutricional de niñas y niños de 0 a 5 años del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), en 2022, 5.835 niñas y niños que asistieron a los servicios públicos de salud, presentaron desnutrición crónica, este número representa el 13,0% de quienes fueron a consulta médica. De la cifra total de niñas y niños con desnutrición crónica, 2.560 eran niñas y 3.275 niños.
Abuso. El aumento de los casos de abuso es alarmante. En 2023, cada dos horas en promedio fueron reportados 4. 084 casos de abuso infantil. 2.517 fueron niñas y adolescentes mujeres, lo que corresponde al 61,6% de los registros. En el caso de los varones, se registraron 487 víctimas, lo que equivale al 11,9%.
Para las organizaciones, la violencia y el abuso siguen siendo problemas graves, con muchas víctimas sufriendo en silencio, debido a la falta de recursos y apoyo adecuado.
Los datos alarmantes instan a promover la educación integral de la sexualidad, la adecuada atención materno infantil, la nutrición y los servicios preventivos en el Paraguay.
En el área de la educación, según los indicadores, el país contó con 1.548.553 estudiantes matriculados, de los cuales el 86,3% tenía entre 5 y 17 años. La mayoría de los estudiantes asisten a instituciones de gestión oficial (78,7%), mientras que el 10,1% asisten a instituciones privadas.
‘‘Estos indicadores reflejan la importancia de que el Estado priorice la elaboración e implementación de políticas inclusivas y estrategias pedagógicas para mejorar la calidad de la educación en nuestro país, asignando recursos suficientes’’, concluye el documento.
Además, para las organizaciones que integran la Coordinadora es fundamental que se continúe trabajando en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, atendiendo a que la situación exige una acción inmediata para garantizar que todos los niños y adolescentes tengan acceso a oportunidades que les permitan un desarrollo integral y saludable.
