“La tierra indígena es un derecho originario y el Gobierno tiene la obligación de establecer los territorios”, declaró a periodistas Sonia Guajajara, miembro de la Asociación de Pueblos Indígenas, que convocó la protesta.
La manifestación discurrió por la Explanada de los Ministerios, una céntrica avenida en la que se concentran todos los edificios del poder público, y sirvió para reiterar el rechazo de los indios a un proyecto de ley que pretende alterar las normas para la demarcación de tierras indígenas.
El proyecto propone que esa responsabilidad, que hasta ahora es de la estatal Fundación Nacional del Indio (Funai), sea transferida al Congreso, en el que existen grupos parlamentarios que representan los intereses de los empresarios del campo.
La Asociación de Pueblos Indígenas también volvió a denunciar la inseguridad que se vive en muchas de sus tierras debido a disputas judiciales con grandes hacendados y también a violentos conflictos.
De acuerdo a un reciente informe de la Comisión Pastoral de la Tierra, organismo vinculado al Episcopado brasileño, el año pasado quince miembros de comunidades indígenas fueron asesinados en medio de disputas por la propiedad de las tierras.
Según el informe, la etnia yanomami fue la principal víctima de esos conflictos durante 2013, cuando cinco de sus miembros fueron asesinados en el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela.
