La larga, tensa y convulsa jornada que vivió el país ha dejado un montón de heridas políticas abiertas por resolver, una gran incertidumbre sobre qué va a pasar en el futuro inmediato y pocas certezas sobre la situación legal y las consecuencias políticas de muchas de las decisiones que se tomaron.
Solo quedó clara y patente la alegría y la sensación de alivio que la gran mayoría de la población peruana expresó espontáneamente en las calles después de que el presidente anunciara la disolución del Congreso, un organismo cuyos representantes son odiados y despreciados a partes iguales por la generalidad de los pobladores.
¿QUÉ PASÓ EN PERÚ?
Vizcarra disolvió el Congreso y convocó a elecciones legislativas para el próximo 26 de enero aplicando una norma constitucional que le habilitaba a disolver la cámara si ésta le negaba una cuestión de confianza al gabinete presidido por Salvador del Solar.
El presidente se pronunció así después de que el Congreso procediera a elegir un magistrado para el Tribunal Constitucional, pese a que la moción de confianza estaba expresamente vinculada a ese proceso de elección de jueces, muy cuestionada por las formas y los plazos que se emplearon en su tramitación.
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Para el presidente, los congresistas negaron los hechos con este acto el pedido de confianza, pese a que luego dieran formalmente en otro trámite parlamentario su respaldo a la propuesta gubernamental.
El Congreso, dominado por el fujimorismo y sus aliados de derecha y extrema derecha, respondió en rebeldía y acusó al mandatario de violar la Constitución por haber disuelto indebidamente la cámara.
Con la ausencia de casi cincuenta diputados que aceptaron la disolución, la facción restante votó una resolución para “suspender” por “incapacidad moral” a Vizcarra y nombraron en su lugar a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “presidenta en funciones”.
¿CÓMO SE LLEGÓ A ESTA SITUACIÓN?
Esta crisis es el punto álgido de un conflicto abierto entre el Gobierno y el Congreso desde las elecciones generales de 2016, que dejaron un parlamento dominado con abrumadora mayoría por el partido fujimorista Fuerza Popular y la Presidencia en manos de Pedro Pablo Kuczynski.
Fuerza Popular utilizó su poder en la cámara para presionar al Gobierno y para intentar “gobernar desde el Legislativo”, lo que suscitó el rechazo de la población.
El escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht en el país terminó por costarle el cargo a Kuczynski y llevó a la asunción de su vicepresidente Vizcarra, quien encaró el cargo con la misión de enfrentar la corrupción que afecta gravemente a todo el país.
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Así, Vizcarra promovió una serie de reformas que lo enfrentaron con el Congreso, identificado como un organismo penetrado por la lacra de la corrupción y que por acción u omisión boicoteó varios intentos para modificar normas y tomar medidas contra los corruptos.
Para solucionar el bloqueo político, Vizcarra propuso en julio un adelanto electoral para renovar tanto la presidencia como el Congreso, propuesta que sin embargo fue archivada sin debate por la Comisión de Constitución del Parlamento, ampliamente dominada por los fujimoristas.
De forma simultánea, los congresistas opositores iniciaron un procedimiento exprés y poco transparente para renovar a los magistrados del Tribunal Constitucional.
La cuestión de confianza que planteó Vizcarra y que se debatió hoy era precisamente para evitar esa maniobra.
¿QUÉ PUEDE PASAR AHORA?
La incertidumbre es muy amplia. Ninguna de las partes reconoce a la otra y todo parece indicar que terminará en las manos del Tribunal Constitucional, que tendrá que dilucidar en último término si Vizcarra hizo bien en interpretar como denegado el pedido de confianza dadas las acciones tomadas por el Congreso.
Mientras, no parece que haya interés en desalojar a los congresistas que permanecen en el Congreso.
Tampoco hay sensación de inseguridad ciudadana, ni temor a una intervención militar. Los medios de comunicación han actuado toda la jornada con total libertad y lo siguen haciendo y nadie ha sido detenido.
Vizcarra convocó ya a elecciones para renovar el Congreso y le dio fecha, tal y como señala la Constitución peruana.
