Según informaron fuentes judiciales al diario La Nación de Argentina, Óscar Centeno, uno de los detenidos por la presunta red de coimas entregadas por empresarios de la obra pública a miembros de los Gobiernos kirchneristas (2003-2015), comparece en Buenos Aires ante el juez y ya se aceptó que lo haga como colaborador de la Justicia.
No obstante, el fiscal Carlos Stornelli ya adelantó este miércoles que estaba dispuesto a concederle el beneficio de la figura de “arrepentido” si se prestaba a colaborar con la Justicia.
Más de una docena de personas, entre empresarios y miembros de los Ejecutivos kirchneristas, fueron hasta el momento detenidos en el marco de la causa, impulsada por la Justicia tras una investigación realizada por varios periodistas de La Nación, a cuyas manos llegaron unas libretas presuntamente escritas por Centeno.
En los cuadernos de Óscar Centeno quedaron apuntados con detalle durante más de una década los recorridos que hacía con su jefe, Roberto Baratta, y otros ex miembros del Gobierno para recaudar bolsos con millones de dólares, presuntamente destinados a funcionarios con el fin de favorecer la concesión de contratos de obras.
Entre las muchas anotaciones que Centeno hizo en sus cuadernos, están viajes con dinero que, presuntamente, hizo hasta la residencia presidencial o al apartamento particular de la familia Kirchner en Buenos Aires.
Por este motivo, el juez Claudio Bonadio, que investiga una “asociación ilícita”, citó a declarar, entre otros, a la propia Cristina Fernández -para el próximo 13 de agosto-, aunque por el momento no podría ser detenida por ser senadora y contar con fueros parlamentarios.
En octubre de 2016, el Congreso argentino aprobó la ley que ampliaba la figura de “arrepentido” -que ya se aplicaba a otros delitos- para los casos de corrupción, y establece que el acuerdo de colaboración ha de celebrarse exclusivamente entre el fiscal y las personas que brinden información.
Un acusado en una investigación de esta índole puede ser “arrepentido” solo antes de que la causa sea elevada a juicio oral, por delitos en los que haya participado y si su confesión ayuda a condenar a personas con similar o mayor responsabilidad.
De esta forma podrá obtener una rebaja en la pena, aunque no eludir la cárcel.
No pueden acogerse funcionarios que sean sujetos a juicio político, es decir, el presidente, el vicepresidente, los ministros del Gobierno y los jueces de la Corte Suprema.
