Uno de los adolescentes de 17 años fue detenido por robo en lugar no habitado, y el otro por robo de bienes nacionales de uso público. El joven de 14 años fue detenido por el hurto de una radio y un monedero en el interior de un coche.
La ley establece, por primera vez en Chile, un sistema judicial especial para los jóvenes de entre 14 y 17 años y, por tanto, modifica sustancialmente la relación entre estos adolescentes y la justicia cuando cometan un delito.
Uno de los cambios principales es la eliminación del examen que, con el sistema anterior, se efectuaba a los jóvenes de 16 y 17 años para determinar si habían actuado con o sin discernimiento (distinción entre el bien y el mal) durante la ejecución de un delito y, por lo tanto, si eran imputables o no.
Además, con el sistema anterior, los menores de 16 años no eran imputables penalmente y ahora este límite se ha rebajado a los 14 años.
El énfasis en la reinserción de los jóvenes delincuentes y el recrudecimiento de las penas para los delitos más graves -que pueden llegar a los 5 años para los jóvenes de 14 y 15 años, y 10 para los adolescentes de 16 y 17- son otros de los cambios sustanciales.
La nueva normativa busca reinsertar socialmente a los adolescentes y darles así una segunda oportunidad, para lo cual contempla penas de internamiento en régimen cerrado en centros de reclusión juveniles.
A cambio, se les ofrecerá programas en educación, tratamientos antidrogas y capacitación laboral.
La nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil comenzó después de superar innumerables obstáculos entre los cuales destacan un año de aplazamiento, polémicas modificaciones en el Parlamento y una paralización de casi dos semanas de los funcionarios del Servicio Nacional de Menores (Sename).
La normativa fue enviada al Congreso Nacional en agosto de 2002, discutida durante años y aprobada en noviembre de 2005, después de lo cual tendría que haber entrado en vigor en junio del 2006.
Aún así, su partida fue aplazada 12 meses porque se consideró que en la fecha prevista inicialmente no estarían habilitadas todas las instalaciones necesarias para su funcionamiento.
Recientemente, más de 2.000 funcionarios del Sename, organismo clave para la implementación de la nueva Ley, se declararon en huelga en todo el país para reclamar mejoras salariales y denunciar la falta de personal y espacios adecuados para la entrada en vigor de la nueva normativa.
El pasado miércoles, a sólo dos días de su entrada en vigencia, los trabajadores llegaron a un acuerdo con el gobierno.
Fuente: EFE
