El JEM dispuso la suspensión sin goce de sueldo mientras dure el proceso investigativo (si se opta por el enjuiciamiento durará seis meses), de las juezas Carmen Silva y Ana Aguirre.
CONTEXTO. Ambas magistradas ya fueron suspendidas en mayo del 2024 para ser investigadas por mal desempeño de sus funciones por la Corte. No obstante, ante la falta de magistradas en Tribunal de Sentencia de la Circunscripción Judicial de Amambay, la misma Corte solicitó al JEM dejar sin efecto el pedido.
Ahora, tras los nuevos acontecimientos que salpican a Silva y Aguirre en un presunto caso de tráfico de influencias, el máximo organismo judicial solicitó al JEM dejar sin efecto la revocación de la suspensión y ordenar que ambas magistradas vuelvan a estar suspendidas.
“La comunicación con el legislador fallecido Eulalio Lalo Gomes revela que la sentencia que motivó el juicio de las magistradas no es producto de los datos probatorios que resulta del expediente, sino de factores externos a los procesales que podrán constituir incluso hechos delictivos. Por consiguiente, se solicita dejar sin efecto la referida solución y se requiera nuevamente la suspensión de las magistradas, ya que de no hacerlo de la manera indicada, la suspensión que pesa sobre Carmen Silva se prolongará solamente un mes que es el plazo límite que puede aplicar la Corte en el marco del sumario administrativo dispuesto el pasado 7 de febrero”, remitió Manuel Dejesús Ramírez Candia en su rol de ministro de la Corte.
PRIMEROS CASOS. Sobre las investigaciones relacionadas a la jueza Sadi López, y las fiscalas Stella Mary Cano y Katia Uemura, el JEM resolvió reiterar a la Fiscalía General del Estado, un pedido de informe sobre si existen o no causas abiertas e imputación en contra de las citadas magistradas. Todas ellas están vinculadas al caso chats con Eulalio Lalo López.
Este pedido ya se produjo en la primera sesión del año celebrada una semana atrás, el jueves 6 de febrero. No obstante, el Ministerio Público sigue sin remitir el informe y con ello dilata aún más las investigaciones por presunto mal desempeño de funciones de las citadas funcionarias de la Justicia.
Según lo resuelto, la semana pasada, el JEM adoptó activar el artículo 13 de su ley 6814/21 para enjuiciar a las citadas magistradas. Con esto, para iniciar el juicio (que durará 180 días) se necesita previamente de las imputaciones por parte del Ministerio Público.
MAFIA DE LOS PAGARÉS. El JEM reiteró también un pedido de informe sobre si existen o no causas abiertas e imputaciones en contra de las juezas Analía Cibils y Liliana González, el juez Víctor Rodríguez, entre otros más. Esto, con el fin de activar el artículo 13, al igual que en las causas de Cano, Uemura y López.
