La Contraloría General de la República (CGR) recomendó este lunes al Directorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) promover el procedimiento administrativo para declarar la extinción o revocación de la licencia 5G, otorgada a Nubicom Paraguay SA.
La recomendación consta en el Informe Final de la Fiscalización Especial Inmediata (FEI) a la Licitación Pública Nº 01/2025, correspondiente a la banda de frecuencias de 3.500 MHz y se basa en la ratificación íntegra de cinco observaciones.
Según el documento, se constató la ausencia de trazabilidad documental que certifique la elevación al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) de los aspectos de ciberseguridad de la red 5G, tal como exigía el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La CGR también cuestionó que Conatel haya aprobado modificaciones técnicas relevantes –entre ellas la sustitución de unidades de radio remotas Nokia por equipos Tejas Networks y ajustes de potencia– sin contar con dictámenes técnicos suficientes que fundamentaran la equivalencia o superioridad del servicio.
En materia de despliegue, el análisis determinó que Conatel no pudo demostrar que Nubicom haya cumplido en tiempo y forma con la instalación de las 22 estaciones radiobase previstas para el Año 1 de la licencia. Tampoco se verificó documentalmente la prestación comercial efectiva del servicio al público, al no existir registros de usuarios activos, tráfico de datos o facturación emitida.
El órgano de control enfatizó que el espectro radioeléctrico constituye un recurso público limitado y estratégico, por lo que las omisiones en la supervisión representan un elevado riesgo institucional y de costo de oportunidad para el Estado.
La Contraloría recomendó, además, remitir el informe final al Ministerio Público como insumo para las investigaciones penales y financieras en curso vinculadas a la licenciataria y a hechos de conocimiento público relacionados con ueno bank SA.
En su conclusión institucional, la CGR señaló que las actuaciones de control evidencian la necesidad de fortalecer el ejercicio efectivo de las competencias de supervisión y fiscalización atribuidas a Conatel. Recordó que el Informe de Análisis Documental del 23 de febrero de 2026 ya había advertido sobre riesgos eventuales en la concreción de las inversiones comprometidas y en la solvencia de la empresa, recomendando entonces una vigilancia intensificada.
La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Contraloría, mediante Dictamen DGAJ Nº 383/2026, sostuvo que no se acreditó el cumplimiento del plan de despliegue del Año 1 y sugirió la inserción de la recomendación expresa de iniciar de inmediato el procedimiento administrativo tendiente a la extinción de la licencia, conforme al artículo 71, inciso e) de la Ley Nº 642/95 “De Telecomunicaciones”.
Entre las recomendaciones finales, la CGR solicitó a Conatel adoptar las actuaciones necesarias para determinar la procedencia de la extinción de la licencia otorgada mediante Resolución de Directorio Nº 2635/2025, garantizando el debido proceso. También pidió examinar eventuales responsabilidades administrativas y funcionales de las autoridades y servidores que intervinieron en el otorgamiento, en las modificaciones tecnológicas y en el seguimiento posterior.
Respecto del Mitic, recomendó remitir los antecedentes pertinentes para que se examinen las actuaciones institucionales en materia de ciberseguridad durante el período fiscalizado. Finalmente, dispuso que el informe sea remitido al Ministerio Público por constituir un insumo relevante para la investigación penal en curso.
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