La Cámara de Senadores estudió días pasados el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2021, en una maratónica sesión que se extendió por poco más de diez horas. El documento fue aprobado con modificaciones con respecto a la media sanción inicial de la Cámara de Diputados, por lo que vuelve a esta última para que se ratifique o acepte los cambios introducidos en Senado.
La Ley del PGN es quizá la de mayor importancia en el último cuatrimestre del año, porque en ella se definen las políticas públicas que llevará adelante el Estado en todos los ámbitos, desde la educación, salud y los servicios básicos, hasta la inversión pública, el combate a la pobreza y la reactivación económica, entre otros.
No obstante, a contramano de toda lógica, la mayoría de los legisladores que conforman la Cámara Alta, con honrosas excepciones, dieron nuevamente luz verde al aumento del gasto salarial en torno a los G. 30.000 millones, según los datos oficiales del Ministerio de Hacienda. Autorizaron la creación de miles de cargos, el pago de beneficios vinculados a los salarios y hasta incorporaron por un año más los denominados aumentazos que beneficiaron a un selecto grupo de funcionarios que al parecer responden a sectores políticos determinados.
Por si esto fuera poco, mediante el articulado del PGN 2021, los parlamentarios volvieron a autoexcluirse de cumplir la Ley de la Función Pública. Sencillamente, el Legislativo podrá contratar según sus necesidades institucionales, sin siquiera pasar por la vía del concurso como el resto de los mortales y sin la necesidad de pedir la venia del Ministerio de Hacienda, que al fin y al cabo, es el que debe recaudar y administrar el dinero público.
Todo esto con el agravante de que el año próximo es un año de elecciones municipales en todo el país, por lo que los viejos operadores políticos están al acecho.
Es inentendible cómo la mayoría de los senadores sigue menospreciando al contribuyente y subestimando el malhumor social. Tras un 2020 en el que miles de personas quedaron sin empleo por el cierre de empresas, en el que emprendedores vieron cómo sus inversiones se fueron al tacho y en el que el Fisco dejará de recaudar USD 600 millones por la caída de la economía, era una obligación aprobar un Presupuesto Público austero y responsable.
Aumentar el gasto salarial, no solo implica convertir al PGN en un plan mucho más rígido y menos maniobrable, sino significa que recursos públicos que estaban destinados justamente a programas de reactivación o recuperación de la actividad interna, o incluso a inversión pública en infraestructura, finalmente terminarán financiando aumentos de salarios, contrataciones y beneficios salariales.
Hace pocas semanas nomás, el Congreso Nacional sancionaba la Ley Godoy, una legislación que en teoría busca poner fin a privilegios, cortar gastos superfluos y lograr un ahorro importante para el Fisco. A la vista de las evidencias, aparentemente, muchos se olvidaron de los objetivos de esa normativa o simplemente decidieron obviarla, como en muchas ocasiones anteriores.
El Presupuesto General de la Nación está ahora en manos de la Cámara de Diputados nuevamente. De acuerdo con la legislación vigente, la Cámara Baja tiene un periodo de diez días para volver a estudiar el plan de gastos. El Ministerio de Hacienda ya adelantó el viernes pasado que pedirá a esta instancia que se ratifique en su media sanción inicial, ya que, si bien también se infló el gasto en Diputados, el desfinanciamiento es mucho menor y permitirá administrar el gasto público de mejor manera. Sería bueno que los diputados sepan escuchar el reclamo de la gente. Inflar el plan de gastos implica que el ya golpeado contribuyente tenga que encontrar la forma de sobrevivir y encima financiar el gigantesco aparato estatal. Cargar nuevamente esta responsabilidad en las espaldas de la gente, no es solo una nueva demostración de la ceguera parlamentaria, sino además un acto de desconsideración y cobardía.
