11 nov. 2025

CDE: Detectan evasión cercana a G.1.500 millones tras estafa a turistas

Los fiscales Juliana Giménez Portillo y Carlos Giménez Torres presentaron imputación contra dos comerciantes por los supuestos hechos punibles de estafa, evasión de impuestos, violación de los derechos de marcas y asociación criminal.

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La Fiscalía allanó el local el 15 de julio de 2015. Foto: Archivo UH.

Los procesados son los hermanos Germán Caballero Núñez (28) y Francisco Javier Caballero (32), quienes habrían evadido impuestos por la suma de G. 1.479.741.000.

La millonaria evasión se pudo detectar mediante la acumulación de las distintas causas presentadas por estafa contra los comerciantes, según informaron desde el Ministerio Público.

Según la investigación, los hermanos poseen un local comercial denominado “Mundo Electrónico”, ubicado en la galería Orquídeas, en la avenida Carlos Antonio López casi Adrián Jara, del centro de Ciudad del Este, donde comercializaban productos pirata y evadían siderales sumas de dinero.

A raíz de reiteradas denuncias de turistas brasileños, de que en el referido negocio se comercializaban productos falsificados, la Fiscalía allanó el local el 15 de julio de 2015, mediante una orden firmada por el juez Amílcar Antonio Marecos.

En la oportunidad, la comitiva fiscal-policial incautó del sitio documentos contables, aparatos celulares de reconocidas marcas, receptores de señales, aparatos DVR’s que almacenan los datos de imágenes de circuito cerrado. Luego, la Fiscalía -resolución mediante- dispuso la realización de un examen pericial marcario de los objetos incautados, comprobándose que los mismos eran falsificados.

De igual modo, los agentes fiscales requirieron a la Dirección General de Fiscalización Tributaria, de la Subsecretaría de Estado de Tributación, la realización de una fiscalización a la firma, detectándose la evasión de 1.479.741.846.

Los fiscales investigadores solicitaron la aplicación de medidas alternativas para los imputados; no obstante, para el efecto los mismos deben ofrecer suficientes garantías de que se someterán al proceso penal.

Además de la inhibición general de gravar y vender bienes, la prohibición de cambiar de domicilio sin previa comunicación al Juzgado, la obligación de presentarse periódicamente ante el juez y la presentación de una caución real adecuada.

Asimismo, los fiscales solicitaron el embargo preventivo sobre los bienes de los procesados hasta cubrir el monto del perjuicio perpetrado contra el Estado paraguayo.

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