“Ese informe va a ser público. Para finales de octubre ya lo estaríamos teniendo”, remarcó el legislador, quien fue el que firmó la solicitud remitida al contralor Camilo Benítez.
El objetivo de que la instancia legislativa requiera los datos es para controlar la disminución o aumento de patrimonio declarado de jefes policiales, principalmente, los que se encuentran en la zona de la frontera.
Explicaron que toda esa información se intentará triangular con otras fuentes de información a las que pueda tener acceso la CBI.
“Se desea tener conocimiento si hubo o no incremento considerable en el patrimonio de estos jefes policiales, especialmente en la frontera del país”, refirió Ávalos cuando remitió la nota.
“Se maneja mucho el hecho de que la policía o por lo menos algunos jefes policiales son parte activa de la delincuencia que aparentemente está sobrepasando la institución”, remarcó.
“El deseo es comparar en los últimos 5 años la declaración jurada de bienes de estos policías”, concluyó.