Otros acusados que deberán someterse al juicio oral son Mario Echeverría (tasador) y Víctor Luis Blanco (jefe del Departamento de Avalúo del MOPC), según informaron desde el Ministerio Público.
La mencionada diligencia se realizó en el marco de una investigación llevada a cabo por los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, René Fernández y Josefina Aghemo, por un supuesto perjuicio de G. 60.294.298.050 ocasionados al patrimonio del Indert por el caso de las polémicas tierras de San Agustín.
En esta causa, la empresa donó G. 12.000 millones como parte de una recuperación.
Arnaldo Jara y Martha Lilian Roa fueron condenados con suspensión condicional del procedimiento, bajo la condición de que Jara pague en concepto de donación G. 4 millones mensuales por el plazo de 3 años, mientras que Roa deberá abonar G. 3 millones mensuales por el mismo periodo de tiempo. Dichas reglas de conducta fueron dictadas por el magistrado Riquelme.
Durante el desarrollo de la mencionada audiencia pública, Ortigoza, a través de su defensa, planteó tres incidentes, uno de ellos es la extinción de la acción penal por conciliación con la víctima (Indert), el sobreseimiento definitivo, pues sostiene que el hecho no existió debido a que no se produjo un perjuicio patrimonial, y finalmente la inclusión de elementos probatorios.
Los fiscales anticorrupción pidieron al Juzgado el rechazo de los incidentes al sostener que no se ha comprobado tal acuerdo entre partes y además aseguraron la existencia del daño patrimonial y, por ende, la lesión de confianza. Finalmente, también se opusieron a la incorporación de pruebas.
Refieren los antecedentes que Luis Ortigoza es sindicado como el responsable de haber adquirido las fincas 95 de Tobatí y 104 de Atyrá, por la suma G. 46.884.846.163, el 27 de marzo de 2013.
El Congreso dejó sin efecto la Ley 695 (por Ley 1952/2002), que declaraba de interés social y expropiaba a favor del Indert la finca 268 del Distrito de Altos, a nombre de San Agustín, por inaptitud de la tierra para los fines propuestos por sus proyectistas.
Inclusive fue conformada una comisión para comprobar la aptitud del inmueble, que terminó señalando que solo tenía capacidad para cultivos de subsistencia, tenía suelos húmedos, con inundaciones periódicas, además, que la autoexplotación familiar haría que la población no se desarrollase o se estancase en la pobreza.
Otros imputados son Justo César Gamarra, quien se encuentra prófugo de la Justicia, con orden de detención y en estado de rebeldía en esta causa, además del parlamentario del Mercosur, Emmanuel Friedman, quien no fue despojado aún de sus fueros.
La lectura del contenido íntegro de la resolución del Acto de Apertura será el próximo lunes 9 de noviembre.
