En el séptimo informe del Paraguay hecho por el comité se expresa preocupación ante informaciones que denuncian el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional e incluso actos de tortura y malos tratos contra personas arrestadas en los disturbios originados por las protestas ocurridas entre el 31 de marzo y 1 de abril de 2017 en Asunción.
El documento señala una “ejecución extrajudicial del dirigente político Rodrigo Quintana”. Pide intensificar capacitación sistemática a todos los agentes del orden sobre los principios de precaución, proporcionalidad y necesidad en el uso de la fuerza, especialmente durante las manifestaciones.
Entre los principales puntos de preocupación del organismo, se encuentra la impunidad por los hechos de tortura y el uso de la violencia por parte de la policía y los otros organismos de seguridad incluyendo los guardias cárceles. Uso excesivo de la fuerza en el control de manifestaciones.
Solicitan que se investiguen respecto a lo ocurrido en la masacre de Curuguaty, e instan al Gobierno que sea un órgano independiente el que se encargue de esclarecer lo sucedido el 12 de Junio de 2012 en Marine Cue.
Entre los puntos buenos que destaca el apartado, el comité celebra la promulgación de la Ley de Protección Integral de las Mujeres contra odo modo de violencia y la adopción del decreto por el que se aprobó la Política Nacional para la Prevención y Combate a la Trata de Personas.
