Los abogados Guillermo Duarte Cacavelos y Santiago Lovera Velázquez habían solicitado al juez de la causa, Alcides Corbeta, que designe un perito informático con el fin de obtener los datos que faltan del cruce de llamadas del ex comandante de la Policía Nacional, Crispulo Sotelo, entre la noche del 31 de marzo y madrugada del 1 de abril, madrugada en que mataron al joven liberal Rodrigo Quintana.
El juez de Garantías dispuso que este jueves a las 09.00 sea realizado el procedimiento en la empresa Núcleo SA (Personal).
Esto, luego de que la firma Personal respondiera al pedido de registros de llamadas y mensajes con que solo contaba con dos líneas registradas en su compañía, que corresponden al diputado Clemente Barrios y al senador Fernando Silva Facetti, y que los registros ya no se encontraban disponibles porque el plazo establecido de almacenamiento de datos es solo de seis meses.
Los llamados al ex comandante fueron hechos por el presidente de la República, Horacio Cartes, y el gerente de su tabacalera, José Ortiz.
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Así también, en el cruce de llamadas aparecen: Juan Carlos López Moreira, jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República; el senador Blas Llano; el asesor de Yacyretá, Luis Canillas, y el ex ministro del Interior, Tadeo Rojas, entre otros.
INFORMES. Hasta ahora, respondieron a los informes las firmas Claro, Telecel (Tigo), Edivisa, Las Ventanas y Palermo SA, estos últimos informaron a nombre de quiénes estaban los teléfonos corporativos que aparecían en el cruce de llamadas.
Sin embargo, la firma Núcleo no remitió los extractos de llamadas entrantes y salientes, sino que pidió que se nombraran peritos por las partes para la extracción de los datos que se requerían para la pesquisa.
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Lo que se quiere es conocer, según dijo el abogado querellante Guillermo Duarte, quién ordenó el ataque a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), donde dispararon contra Quintana.
Hasta el momento, los procesados son los policías que ingresaron al lugar, o estuvieron en el sitio. No existen otros imputados relacionados con la muerte del joven.
Por el caso están imputados Gustavo Florentín, principal sospechoso del homicidio de Quintana; Arnaldo Báez; así como el comisario Tomás Paredes Palma, por inducción a un subordinado a un hecho punible, y el oficial Guido Amarilla, por tentativa de homicidio.
En la noche del 31 de marzo, tras la aprobación de un intento de enmienda constitucional, cientos de manifestantes se apostaron en la Plaza de Armas, frente al Congreso de la Nación, donde luego de varios enfrentamientos con la Policía Nacional lograron avanzar y finalmente quemar una parte del Parlamento.
