González indicó que todavía están esperando que se destraben esos casos para poder avanzar en las siguientes acciones.
El caso Remansito comenzó luego de revelarse que unas 17 personas de altos recursos estaban ocupando tierras públicas, en una franja denominada Jardines de Remansito, ubicada en la finca 916 de Remansito, Villa Hayes. La información salió a la luz cuando el senador Basilio Núñez impulsó un proyecto de ley que tenía el objetivo de desafectar esas tierras en favor de la Municipalidad de Villa Hayes, para luego beneficiar a los ocupantes. Esto generó roces en el oficialismo y Santiago Peña vetó la ley y ordenó la recuperación de la finca.
“Nos queda esperar, porque están presentando lo que se conoce como chicanas. Esperamos que eso se desarrolle y pueda terminar para poder avanzar”, expresó el procurador.
En la primera parte del caso, varios de los conocidos como ocupantes vips ya han contestado a la demanda, según precisó el procurador, pero otros no dieron su respuesta, por lo que solicitaron para esos casos el “recaimiento de derecho”, que significa que perderán el derecho de defenderse por inactividad. Del mismo modo, hay otros pobladores que apelaron o interpusieron incidentes, lo que debe ser resuelto por el juez para que sea remitido a la Cámara de Apelaciones.
A su vez, González detalló que las decisiones de desalojo o demolición siguen pendientes, ya que serán consecuencia del proceso.
El caso está siendo investigado por el Ministerio Público.
En noviembre pasado, los fiscales Osmar Legal y Diego Arzamendia allanaron la sede del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), siguiendo con el caso. Los agentes retiraron documentaciones y el Indert colaboró con la investigación.
El Gobierno reclama las tierras como propiedad del Estado, específicamente del Ministerio de Defensa. En el caso se involucraron políticos, empresarios y jueces.
