Desde el Ministerio Público informaron que la causa se enmarca en una investigación que revela un esquema presuntamente fraudulento sostenido por las empresas Mocipar Propiedades y Mocipar Hogar SA, que habría afectado a múltiples personas mediante contratos de adhesión para la adquisición de inmuebles que nunca se concretaron.
La investigación parte de la denuncia de una mujer que, entre 2011 y 2018, suscribió tres contratos consecutivos con Mocipar, abonando un total de G. 13.460 millones bajo la promesa de acceder a una vivienda o bienes sorteados.
Lea más: Mocipar: Dany Durand y ex directivos son imputados por lesión de confianza y otros delitos
A pesar de cumplir con las cuotas estipuladas, nunca fue adjudicada con propiedad alguna, y fue inducida a firmar nuevos contratos con la promesa de no perder lo ya abonado.
“El Ministerio Público concluyó que los contratos no establecían el precio real de los inmuebles y que el modelo de adjudicación era imposible de cumplir dada la magnitud de los adherentes versus la capacidad real de entrega”, recalcaron.
Además, según los elementos recolectados, la firma habría captado a sus víctimas a través de un programa de televisión emitido por canales de aire, donde se sorteaban semanalmente bienes como electrodomésticos, muebles y vehículos.
Entérese más: Caso Mocipar: Fiscalía acusa a Dany Durand y su familia por estafa y asociación criminal
No obstante, en 22 años de funcionamiento, apenas se documentaron 16 adjudicaciones efectivas, mientras que miles de personas abonaban cuotas sin obtener retribución alguna.
Las empresas involucradas tampoco contaban con autorización de la Conajzar para realizar sorteos, lo que agrava la situación legal de los acusados.
La acusación sostiene que los directivos acusados utilizaron esta estructura para captar fondos de personas de ingresos bajos y medios, y que tanto Durand Espínola como Román Fernández se beneficiaron personalmente con movimientos financieros positivos, mientras las empresas registraban reiteradas pérdidas.
El Ministerio Público considera que los hechos reúnen los elementos del tipo penal de estafa y que corresponde la apertura del juicio oral para el juzgamiento de los acusados.
