El caso hace que tome notoriedad las barreras policiales, que para las fuerzas del orden son una forma importante de control, mientras para algunos expertos en leyes son ilegales, poniendo incluso en un manto de duda sobre la verdadera finalidad de su existencia.
Uno de ellos es el abogado Jorge Vasconcellos que se dirige a este tipo de procedimientos como una “redada abierta”.
La comisaria María Elena Andrada, que está al frente del Departamento de Relaciones Públicas, defendió estas acciones y afirma que son necesarias para la seguridad de las personas.
De esta manera, la vocera de la policía sale al paso de los dichos de los abogados constitucionalistas, dando a conocer el parecer de la institución a la que representa.
“Se generó un montón de dudas dadas las versiones de representantes renombrados del derecho. No quiero entrar en polémica y objetar el conocimiento”, comenzó diciendo la uniformada agregando que la Policía tiene una misión constitucional que avala sus procedimientos.
“Nos regimos en base a la normativa de la 222/93 la ley orgánica de la policía y la 5757 modificatoria. También artículos del Código Procesal penal que validan nuestro trabajo en la vía pública”, recalcó.
Requisitos. De acuerdo a lo que informa la Policía Nacional una barrera debe contar con por lo menos seis policías debidamente uniformados; debe hacerse en un lugar iluminado; contar con una patrullera con la baliza encendida; estar debidamente identificados con equipos adecuados como chalecos, linterna, silbato, cono reflectivo, entre otros.
Para la comisaria Andrada, estas campañas tiene como objetivo que las personas confíen en la labor policial y no tenga miedo de los controles.
“Alguna que otra vez se habrá dado una situación irregular, pero no es bueno generalizar”, reconoció. “Eso que te van a plantar, que van a coimear, me parece totalmente superficial”, recalcó.
Actitud sospechosa. Otro de los puntos más debatidos fue el uso desproporcional de la fuerza de los agentes en este tipo de intervenciones, ya que se dieron varios casos de personas lesionadas o fallecidas a causa de los llamados gatillo fácil.
Para la abogada Diana Vargas, una de las que ayudó a redactar el manual de procedimiento para el uso correcto de la fuerza (ver infografía), quedan todavía algunas prácticas que impiden que este reglamento pueda ser cumplido.
“Lo aprendido en la academia no es lo aplicado, lo aplicado son las prácticas instaladas que replican un modelo regido por la cultura institucional sobre la actitud sospechosa, la conducta delictiva o la resistencia a la autoridad, son las claves para que las normas sean dejadas a un lado y rija el parecer del uniformado a cargo del procedimiento”, reflexionó.
