Los nativos de la comunidad Ka’a Poty siguen recibiendo ayudas para seguir con la construcción de viviendas de material cocido, por parte de instigadores de una ocupación de inmueble, mientras que la Policía Nacional dilata el cumplimiento de una orden judicial de restitución. Uno de los afectados tuvo que ser hospitalizado por el pico de estrés que le causa la participación de funcionarios del Estado detrás de los nativos, en el litigio judicial por tierras que aún no está resuelto, para determinar a quién le corresponde las fincas.
En la precariedad, los Avá Guaraní realizaron conexiones clandestinas al servicio de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), quemaron una reserva boscosa y parte de un campo mecanizado, mientras seguían asentándose en la colonia Tape Yke, del distrito de Itakyry.
Los pobladores poseen títulos de propiedad del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), más antiguos que el título de 1.364 hectáreas, adquirido por el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), sobre el cual se había establecido a los nativos de la comunidad Ka’a Poty, en el inmueble ocupado por Pedro Torrás, Cayo Alfonso y Alberto Notto.
La abogada Michelle Betancourt, representante legal de los vecinos, presentó una nota el 25 de agosto pasado ante el comandante de la Policía Nacional, comisario general comandante Luis Arias, en la que le pide el cumplimiento de la orden judicial de restitución y desalojo, firmado por la abogada Ana Giménez de Itakyry.
Los miembros de la mencionada comunidad –liderada por Marta Díaz de Goncalvez– se habían instalado en las fincas ocupadas por los vecinos, con una orden judicial firmada como medida cautelar por la jueza de la capital Alejandra Magalí Zavala Ríos.
Torrás, Notto y Alfonso entonces ya tenían una medida de protección con fecha del 27 de julio pasado, que prohibía el ingreso a sus fincas, pero los nativos se instalaron igual en la propiedad con la orden de Zabala Ríos, firmada el 30 de julio pasado, en el momento en que la otra orden judicial ya estuvo inscripta, denunció ayer la abogada.
“Hoy estamos denunciando el robo de energía, a través de conexión clandestina por temor a que haya un cortocircuito en el sistema de distribución y ocasione daños a los vecinos. El señor Pedro Torrás sufrió un pico de estrés que lo tiene hospitalizado, debido a que el problema le está subiendo la presión y se teme que sufra un infarto”.
Los nativos cuentan con el apoyo de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), que les proveyó materiales de construcción y colchones, así como el intendente de Itakyry que también les envió materiales. Los vecinos denunciaron que la funcionaria del Senado, Lea Schwartzman, estuvo acompañando e instigando a la ocupación, con miembros de una plataforma de derechos humanos.
El problema es la supuesta superposición de títulos de propiedad del Indi con el otorgado por el Indert a los vecinos de la colonia Tape Yke. La mayor parte de las tierras están ubicadas sobre fincas de varias empresas y particulares del distrito de Mariscal López, Caaguazú, ocupada y explotada totalmente por los actuales poseedores.
