26 feb. 2024

Caso Erico Galeano muestra el momento más bajo de la Justicia

La actual situación del imputado senador colorado Erico Galeano es una vergonzosa exhibición de la impunidad que ya es casi nuestra marca país. Imputado por supuesto lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza, el político cartista, tras varias exitosas chicanas judiciales, logró que un juez lo beneficie con la prisión domiciliaria, y que incluso pueda acudir a las sesiones del Congreso. Estos son los privilegios que ostenta nuestra clase política, pues incluso por menos un ciudadano común ya estaría en el penal de Tacumbú.

Un reporte del Ministerio de Justicia del año 2021, sobre la población penitenciaria en todo el país, revelaba que Paraguay es el país con más presos sin una sentencia en el continente. “La población de prevenidos representa más del 70% de toda la población penitenciaria. Esto coloca a Paraguay en el primer lugar de los países de América del Sur con mayor número de prevenidos en su población penitenciaria”, señalaba el informe.

De las 18 penitenciarías, 11 tienen tasas de ocupación superiores a 120%, lo que implica una sobrepoblación crítica, y respecto a las personas privadas de libertad con mayor vulnerabilidad, se encuentran los extranjeros, que son el 40%, adultos mayores con el 29%, además de indígenas, personas con discapacidad física o sicosocial, madres con hijos y personas del colectivo LGTBIQ+.

Sin embargo, esta realidad de injusticia y hacinamiento en deplorables condiciones nunca ha afectado a político paraguayo alguno que se haya visto envuelto en alguna causa judicial, ya que por lo general con ellos la Justicia es muy benevolente. En cuanto a eso, el caso del senador colorado cartista Erico Galeano es ejemplar.

Según la imputación del Ministerio Público, el legislador había recibido USD 1 millón para la compra de un inmueble, se presume que ese dinero provendría de actividades ilícitas vinculadas al tráfico internacional de cocaína. El año pasado el diputado había sido vinculado con el caso A Ultranza, por posibles conexiones con lavado de dinero.

A esta suposición se había llegado tras un allanamiento realizado en la ciudad de Altos, donde se halló una boleta de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a nombre de Erico Galeano. Al verificarla, se comprobó que la propiedad le había pertenecido, pero este no la incluyó en su declaración jurada de bienes cuando asumió como legislador. Las investigaciones concluyeron que la propiedad sirvió para una simulación de compraventa, sin dejar constancia de que el verdadero propietario sería Miguel Insfrán, alias Tío Rico, quien es considerado el líder de una banda de tráfico internacional de cocaína.

La propiedad la había adquirido el entonces diputado colorado por USD 200.000 y meses después la vendió por USD 1.000.000. La Fiscalía sospecha que el dinero utilizado para la operación provenía del crimen organizado. El Ministerio Público sostiene que el diputado cartista habría “estado al servicio de la organización criminal internacional” dedicada al tráfico de cocaína desde el Paraguay hacia Europa, y a cambio de su cooperación recibía dinero proveniente del tráfico de drogas.

El diputado Erico Galeano fue electo senador en las elecciones del 30 de abril y, actualmente, está imputado por presunto lavado de dinero y asociación criminal.

Después de una serie de chicanas judiciales, el senador fue beneficiado con arresto domiciliario para que pueda sesionar en el Congreso Nacional, aunque en la última sesión ordinaria estuvo ausente, por “motivos particulares”.

Erico Galeano debería estar guardando reclusión, pues debe responder a la investigación por las serias acusaciones que se han hecho en su contra. También es absolutamente inaceptable que le hayan otorgado un privilegio que le es negado a miles de paraguayos que soportan incluso acusaciones menos graves. Y, por sobre todo, es un gravísimo antecedente que deja sentado la Justicia, de permitir a una persona imputada seguir ejerciendo su autoridad en uno de los poderes del Estado desde donde claramente podría obstruir su propia investigación. La Justicia, en este caso, ha dejado al país como una caricatura.

Más contenido de esta sección
El acceso de los niños a alimentos adecuados y saludables es esencial para garantizar su bienestar físico, intelectual y social. Los programas de alimentación escolar han formado parte de la política educativa desde hace más de un siglo y permanecen en la actualidad, independientemente del nivel de desarrollo de los países y de los ingresos de los hogares. Pero en todos los países el programa se ha planteado de manera integral y tiene alto consenso social. Paraguay no puede ser una excepción. Los cambios planteados solo generaron conflictividad, a la vez de que no garantizarán mejoras sustanciales.
Los agricultores familiares producen la mayor parte de los alimentos frescos y sanos, diversificados y culturalmente apropiados. Generan oportunidades de empleo agrícola y no agrícola, y ayudan a las economías rurales a crecer. La agricultura familiar preserva y restaura la biodiversidad y los ecosistemas, y utiliza métodos de producción que pueden ayudar a reducir o evitar los riesgos del cambio climático. La agricultura familiar es fundamental para mantener la capacidad adquisitiva de los ingresos de todas las familias y para reducir la pobreza en el sector rural. Dejarla en el abandono es poner un obstáculo al crecimiento sostenible, al bienestar de los hogares y al desarrollo del país.
La violencia contra las mujeres es una preocupante realidad en el Paraguay. En este Día de la Mujer Paraguaya debemos recordar los datos de las instituciones que señalan que, pese a las leyes, los casos de violencia en el hogar y los casos de feminicidio no disminuyen. Estamos lejos de ser una sociedad que respeta y valora las capacidades de las mujeres; prueba de ello es el aumento en el último año de la violencia política. Este es un indicador del largo camino que nos falta andar para ser una sociedad verdaderamente democrática.
Las reguladas del servicio del transporte público forman parte ya de la realidad cotidiana para los pobladores de la capital, su área metropolitana y el Departamento Central. El mal servicio, no obstante, afecta a todas las ciudades y localidades del Paraguay. Este, además de la salud pública, es el servicio más ineficiente que debe padecer la ciudadanía. Las humillaciones que a diario soportan los usuarios son inaceptables. Un transporte público seguro y cómodo es un derecho que tienen los paraguayos y significa calidad de vida.
Cada día se suceden los hechos delictivos que impactan en la ciudadanía, hasta el punto de que estos eventos prácticamente están normalizados. La violencia urbana afecta a las personas en las paradas del transporte público, en las calles y en los espacios públicos, mientras las autoridades del país continúan sin ofrecer respuestas, salvo alguna estadística surrealista. La inseguridad se suma de esta manera a la lista de deudas del Estado paraguayo, que tampoco ofrece a la población educación de calidad, salud pública, empleo digno ni servicios eficientes.
Creado hace 81 años, el Instituto de Previsión Social tiene como finalidad brindar asistencia a sus asegurados en caso de enfermedad, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y proporcionar una jubilación o una pensión al trabajador titular. Es una institución fundamental para el trabajador, y ha quedado demostrado que es imprescindible, a pesar inclusive de la corrupción y la mala gestión que consume sus recursos. Urge recuperar IPS para la mejor asistencia y asegurar a miles de paraguayos una digna jubilación.